No resulta casual que en vísperas de las elecciones del 20 de mayo (presidente, consejos legislativos y concejos municipales), el Gobierno de Nicolás Maduro pretenda implementar un nuevo mecanismo de poder para intensificar el régimen de dominación política y control social que ha instaurado en el país, sobre todo si se considera el catálogo de arbitrariedades en que se convirtieron los Comités Locales de Abastecimientos y Producción (CLAP), y el Carnet de la Patria, en los comicios celebrados el año pasado.
Nota de prensa
La puesta en práctica de la llamada Red de Articulación y Asociación Política (RAAS), anunciada en la página web del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se revela en estos días como la nueva estrategia política que utilizará el Ejecutivo Nacional para la obtención de votos.
Sobre el sentido y alcance de este instrumento oficialista, sólo se conoce lo reseñado en el sitio en internet del PSUV. En el portal se indica que la RAAS es un “modelo de unidad y de organización superior para la defensa integral de la nación” destinado a defender al país y al pueblo “en los ámbitos ideológicos, cultural, político, social, económico, electoral y militar”.
De acuerdo a los enunciados, se prevé una “estrategia de comunicación política” a partir de la cual el partido de gobierno impondrá a su militancia que “identifique con claridad quién es su enemigo histórico, fortalezca la unidad para enfrentar al enemigo, eleve al máximo su voluntad de lucha contra el enemigo, y organice y adquiera el conocimiento necesario para vencer al enemigo”.
Atendiendo la forma como se pretende instrumentar la RAAS, puede advertirse que se trata de un instrumento que responde de manera directa y extrema a la persecución que promueve el Ejecutivo Nacional contra la disidencia política en el país, la cual últimamente se ha intensificado con el uso de la justicia militar para enjuiciar a civiles que protestan contra el Gobierno nacional, así como por la aplicación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, dictada por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y desde luego por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través del repertorio de sentencias en las que inhabilita a los partidos y líderes políticos opositores.
Bajo el marco antes descrito es necesario alertar a la ciudadanía acerca de la peligrosidad que supone la implementación de esta estrategia política llamada Red de Articulación y Asociación Política para el futuro del sistema democrático y las libertades de los venezolanos consagradas en la Carta Fundamental.
Se trata de un tipo peculiar de arma política que persigue neutralizar y aniquilar a los “enemigos” del Gobierno. Constituye, en efecto, una acción desmedida que llevarían a cabo los dirigentes y simpatizantes del PSUV en forma de vigilantes o espías dentro de sus comunidades para intimidar o amenazar a todo aquel que se oponga a los intereses del régimen chavista-madurista.
Es importante considerar que esta práctica política no es novedosa en el actual Gobierno, sobre todo si se toma en cuenta a los llamados “patriotas cooperantes” que son informantes de los cuerpos de seguridad del Estado, utilizados específicamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) para detener o encarcelar a personas disidentes, políticos, estudiantes, profesores, empresarios, entre otros, consideradas “enemigos” de la revolución bolivariana.
Otra referencia, esta vez jurídica, data de 2014. Con la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, mediante Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el Ejecutivo Nacional incorporó en el artículo 59 un sistema de protección para la paz, en el cual integra además de todos los niveles políticos territoriales, al “pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal”, a fin de promover y ejecutar un nuevo modo de planificación de política criminal y la consecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas externas e internas a la seguridad de la Nación.
Atendiendo a estos antecedentes, debe advertirse que la Red de Articulación y Asociación Política, ideado en el marco de unas elecciones, se concibe como un grupo de inteligencia de ciudadanos mucho más peligroso que los anteriores modelos, pues pretende imponer un método de hostigamiento político sistemático de forma más radical y efectiva contra cualquier persona que sea adversaria al gobierno y a su partido, a fin de coadyuvar y preservar la revolución bolivariana a toda costa.
Esto es muy preocupante, pues esta actividad de persecución y vigilancia a partir de la RAAS revive las experiencias históricas de los delatores o “defensores del Reich” en la Alemania nazi, o de los informatori de Benito Mussolini en la Italia fascista. También lo ocurrido con los espías de la Stasi, policía secreta de la desaparecida República Democrática Alemana (RDA), o de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), creados por Fidel Castro en Cuba que sirvieron, justamente, para amenazar y atacar a los supuestos enemigos de la revolución cubana.
La creación de la RAAS configura una arbitrariedad que atenta contra la libertad, los valores republicanos y el pluralismo político.
La implementación de este instrumento de represión llevará al país a un estado de confrontación más aguda que el actual, fracturando aún más la débil convivencia pacífica y vida democrático republicana del país, además del irrespeto a los derechos humanos.
La expuesto evidencia que la RAAS es un mecanismo contrario a la Constitución de 1999 y al resto del andamiaje jurídico venezolano, sobre todo por colocarse al margen de los derechos fundamentales protegidos en el texto constitucional, incluso en tratados internacionales:
Niega la vigencia de la Constitución al pretender ejercer un control total y absoluto del Estado sobre la sociedad venezolana a través de la vigilancia y el temor que desplegaría para atacar a la disidencia política del país.
En razón de lo anterior, también supone la negación de la dignidad humana, la paz y el pluralismo político (artículo 2 de la Constitución) valores fundamentales del sistema venezolano, al criminalizar y atacar a toda persona que piensa diferente.
Es un atropello a la privacidad (artículo 60 de la Constitución) y a las libertades individuales consagradas en el texto constitucional, especialmente a la libertad de expresión del pensamiento (artículo 60); al derecho a manifestar pacíficamente (artículo 68); al derecho a participar políticamente (artículo 62); al derecho al sufragio (artículo 63); al derecho a la asociación (artículo 67); y, al derecho a la democracia (artículo 2).
Con esta regulación, el poder que tiene el Ejecutivo Nacional sigue despojando a los venezolanos de su dignidad y de la posibilidad de ejercer sus derechos como exigen la Constitución y las leyes.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La RAAS no es un medio adecuado para resolver la actual crisis que vive el país. Al contrario, busca empeorar y complicar la situación de la población venezolana cada vez más ensombrecida y desesperanzada, pues sobre todo, y es lo más alarmante, pretende dividir a la población al convertir a un grupo en “enemigos” frente a otro calificado de “amigos”, que serán los cómplices del Gobierno por delatar a los primeros.
Como consecuencia de esta confrontación entre venezolanos que promueve el régimen, está claro que éste intenta profundizar la polarización política que domina actualmente, y con ello la conflictividad, fomentando más la crisis y la inestabilidad que se vive. Ninguna duda cabe que, de momento, la dictadura de Nicolás Maduro busca ejercer más represión contra sus adversarios.