Amnistía Internacional manifestó su preocupación por el estatus de los 82 ciudadanos venezolanos que fueron deportados desde Trinidad y Tobago y exigió a ese país información sobre los procedimientos seguidos para llevar a cabo la deportación.
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A través de una carta abierta dirigida a Keith Christopher Rowley, primer Ministro de Trinidad y Tobago, la directora de la organización, Érika Guevara Rosas destaca que según la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), el grupo, que comprendía 53 hombres y 29 mujeres, incluía numerosas personas que habían sido registradas como solicitantes de asilo en Trinidad y Tobago, así como otras muchas que habían iniciado la solicitud de asilo o habían expresado la intención de hacerlo debido al temor de regresar a Venezuela.
Amnistía Internacional ha recibido información que sugiere que, a diferencia de lo expresado por el Ministro, las personas retornadas no lo hicieron voluntariamente, sino que les fueron presentados documentos para firma, en un lenguaje que no comprendían, estableciendo que aceptaban un retorno voluntario.
En ese sentido, agrega que como parte de la Convención sobre el Estatus de los Refugiados (Convención de 1951) y su Protocolo (1967), Trinidad y Tobago está obligada a proteger plenamente los derechos de aquellas personas en necesidad protección internacional. Hacer lo contrario, implica una violación del derecho internacional y resulta lamentable que su gobierno haya elegido ignorar sus obligaciones de una manera incompatible con las normas de derechos humanos.
