EFE
La Corte Suprema de Estados Unidos examinaba minuciosamente este miércoles el decreto antiinmigración del presidente Donald Trump, la fase final de una dura batalla judicial que dura ya 15 meses sobre una medida extremadamente controvertida.
AFP
Es la primera vez que los nueve jueces, cuatro progresistas y cinco conservadores, dedican una de sus solemnes audiencias a una decisión política del multimillonario.
Este caso será el último juzgado por el tribunal superior en la sesión anual que termina a finales de junio, y es, probablemente, el caso más importante del año.
El texto en cuestión es la tercera versión de un decreto que provocó una onda expansiva global cuando la Casa Blanca lo aplicó el 27 de enero de 2017, una semana después de que Trump asumiera el cargo de presidente.
La última versión prohíbe la entrada a territorio estadounidense a los ciudadanos de seis países, la mayoría musulmanes.
Noel Francisco, abogado del gobierno, niega la idea de que esta medida es un “decreto anti-musulmán”.
“Es una decisión basada en informaciones recogidas por múltiples agencias (federales)”, afirmó, agregando que en consecuencia la justicia no debe intervenir.
Trump sostiene que tiene derecho a restringir el acceso a Estados Unidos si lo considera necesario, en nombre de la seguridad nacional, afirmando que con ello busca impedir la entrada a “terroristas extranjeros”.
Los que se oponen al decreto aseguran que va contra los musulmanes, mientras que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la discriminación religiosa.
– “Terroristas extranjeros” –
Luego de los atentados del 11 de setiembre de 2001, los ataques más graves en Estados Unidos fueron sin embargo cometidos ya sea por estadounidenses o por ciudadanos de países no comprendidos en el decreto.
Estos son Yemen, Siria, Libia, Irán, Somalia y Corea del Norte. Chad también estaba en la lista, aunque fue retirado recientemente.
“El decreto migratorio es, según palabras del propio Trump, una prohibición a los musulmanes”, afirmó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, al frente de la lucha contra la medida del presidente.
Neal Katyal, abogado que representa al estado de Hawái, que presentó la demanda, exhortó a los jueces a declarar inconstitucional el decreto migratorio, que atribuyó a un “ejercicio del poder que ningún presidente ejerció en cien años”.
Igualmente, la jueza progresista Sonia Sotomayor se sorprendió de que Trump haya elegido la vía reglamentaria y no una ley votada por el Congreso para aprobar una medida tan radical.
“¿De dónde saca el presidente la autoridad para ir más lejos de lo que el Congreso ha instituido?”, señaló.
Un grupo de personas acampó desde la noche frente al edificio de mármol blanco de la Suprema Corte, para asegurarse de ser los primeros en la fila del público a ser admitidos en la sala.
Algunas decenas de manifestantes se congregaron frente al edificio con pancartas en las que se pueden leer frases como “Orgulloso de ser un estadounidense musulmán” o “Detengan a la xenofobia”.
“Soy originaria de un continente cuyos habitantes fueron traídos como esclavos para construir este país y a cuyos refugiados se les prohíbe actualmente entrar”, denunció Azza Altiraifi, una mujer de origen sudanés.
Las anteriores versiones del decreto antiinmigración provocaron fuertes confrontaciones en el tribunal, y la tercera no escapa a la regla.
Un juez de Hawái suspendió el 17 de octubre la tercera versión, firmada el 24 de septiembre, mientras que un tribunal de Maryland también bloqueó la medida.
El gobierno apeló estas decisiones y la Corte Suprema restableció el decreto, aunque sin pronunciarse sobre el fondo del mismo.
– Borrar el prejuicio antimusulmán –
Durante los 15 meses de litigio, el gobierno aprendió de sus errores, ya que en la tercera versión del decreto se aseguró de que los musulmanes fueran mencionados en forma menos directa.
“Los tribunales, normalmente, confían en su presidente en cuestiones de inmigración, porque la inmigración concierne a temas de asuntos exteriores y de seguridad nacional. Pero los tribunales establecen también límites a este poder”, explicó el profesor Stephen Yale-Loehr, especialista en temas de inmigración.
La Corte Suprema tomará una decisión a finales de junio, y sea la que sea “tendrá profundas consecuencias para los estadounidenses, los emigrantes y el presidente”, predijo Yale-Loehr.