La expropiación en 2010 de Agroisleña, companía fundada en 1958 por inmigrantes de origen canario, fue el punto de arranque de la destrucción de la agroindustria venezolana y de la severa carestía de alimentos que la población sufre desde hace años.
Por Pedro Benítez / Al Navío
Enrique Fraga Afonso perteneció a la larga saga de inmigrantes provenientes de las Islas Canarias que se establecieron en Venezuela desde la época colonial y fueron fundamentales en la formación de la identidad nacional del país. Desde esos días muchos de ellos se dedicaron a la agricultura abriendo tierras vírgenes al desarrollo de cultivos, como el cacao primero y, luego de la Independencia en el siglo XIX, el café en las montañas aledañas a Caracas.
Otros, como por ejemplo el padre de Francisco de Miranda, precursor de la Independencia hispanoamericana, se dedicaron al comercio minorista.
Como parte de esa tradición en los años 50 del siglo pasado Fraga estableció en la ciudad de El Tocuyo, en el estado Lara (en el centro-occidente de Venezuela) un pequeño negocio de semillas de cebolla. En 1958 él y otros cuatro paisanos suyos fundaron Agroisleña. Cincuenta años después esta era la principal empresa proveedora de insumos y servicios de comercialización de los productores agrícolas venezolanos. Llegó a tener ocho silos y 60 sucursales en diversos puntos del territorio nacional y a suministrar el 70% de la tecnología, los agroquímicos y las semillas que se necesitaban.
También compraba parte de la producción a los clientes y asistía financieramente a más de 18.000 productores. Aunque hoy es muy común afirmar que Venezuela no ha producido otra cosa que petróleo, lo cierto es que en 1998 el país se autoabastecía en más del 60% de las necesidades alimentarias (hoy es 25%) e incluso era exportador de algunos rubros agrícolas como café, cacao, azúcar, arroz, maíz y algodón.
En ese contexto Agroisleña era una empresa que gozaba de buena fama entre los agricultores venezolanos por prestar un servicio que les parecía útil. Pero esta historia de éxito empresarial se acabó en octubre de 2010 cuando el expresidente Hugo Chávez ordenó la expropiación bajo el argumento de que se había constituido en un oligopolio.
En medio de una pequeña campaña de agitación política condenatoria de las actividades capitalistas de la empresa, el Gobierno chavista ocupó las instalaciones y le cambió el nombre por Agropatria. Sobra decir que a los propietarios nunca se les pagó por la propiedad (Leer más: El socio español de Agroisleña avanza en el arbitraje contra Venezuela por la expropiación de 2010).
Esta medida fue parte de una política mucho más amplia y ambiciosa iniciada años antes, que expropió cuatro millones de hectáreas (según fuentes oficiales) de propietarios privados, 12 plantas procesadoras de harina precocida de maíz con las que se hacen las populares arepas y las dos principales cadenas de automercados con el objetivo de “garantizar el abastecimiento de los alimentos a todo el país”.
Pese a que desde el principio Agropatria contó con privilegios a la hora de acceder a divisas para la importación, como en el caso de las otras expropiaciones el desempeño ha estado muy lejos de lo prometido.
Las consecuencias de estas políticas han sido catastróficas para la producción agrícola venezolana y para el sector agroindustrial. En particular la desaparición en la práctica de Agroisleña desarticuló las redes productivas del campo venezolano y ese fue el momento en el cual la producción agrícola del país llegó al punto de inflexión. Desde entonces faltan las semillas adecuadas, créditos y facilidades de comercialización que Agroisleña daba y que la sucesora ha sido incapaz de reemplazar, pese a todas las promesas.
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