El Bloque Constitucional denuncia ante la Comunidad Nacional e Internacional la persecución por parte del Ejecutivo hacia los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio.
Recordemos que el pasado 30 de abril el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanó simultáneamente las viviendas y oficinas de varios Magistrados, entre ellos la vivienda de su presidente Miguel Ángel Martin.
A continuación el documento
En contra de los familiares de los Magistrados que fueron designados legítimamente por la Asamblea Nacional el 21de julio del 2017, se está llevando a cabo por parte del SEBIN -policía política del régimen de Nicolás Maduro- una criminal persecución presuntamente por orden de la Presidencia de la República, de Tareck William Saab -quien se califica de Fiscal General de la República- y del propio partido de gobierno.
Sin fundamento jurídico ni orden judicial que la precediere, el pasado día lunes treinta (30) abril, en varias ciudades del país se practicaron tomas y ocupaciones arbitrarias, violentas y agresivas a hogares y viviendas ocupadas por padres, esposas (os), hijos, hermanos y otros familiares cercanos de los Magistrados Miguel Ángel Martin y Antonio Marval (Valencia); Pedro Troconis y Ramón Pérez (Barquisimeto); Cioly Zambrano (Mérida); Elenis Rodríguez (Maturín); y, Sabino Zamora y Álvaro Marín (Caracas), sin cumplir con los extremos previstos en el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal, que al no tener ninguna justificación procesal ni policial, toda vez que es un hecho comunicacional, público y notorio que estos legítimos Magistrados se encuentran fuera del país; constituyen groseras e indignantes presiones psicológicas para obligarlos a claudicar en su empeño de servir a la República y rescatar institucionalmente la justicia de nuestro país, precisamente en su momento más oscuro.
Este ataque, que si bien –junto al que experimentó personalmente con la privación de libertad el Magistrado Ángel Zerpa, quien aún se halla bajo un especial régimen de presentación- constituye el más cruel que se les haya hecho, por involucrar los afectos más sagrados de cualquier venezolano, todo lo cual forma parte de una política de gobierno, represiva y discriminatoria por motivos políticos, expresamente prohibida por la Constitución y el orden internacional de violación grave a los derechos humanos.
Los ataques hechos a los Magistrados Legítimos designados por el parlamento el 21 de julio del 2017, constituyen la comisión múltiple y continuada de actos delictuales dirigidos directamente a ellos y ahora a sus familiares, a través de una presión o intimidación, manifestada aún antes de su nombramiento y juramentación, por parte de un poder legítimo como la Asamblea Nacional.
El Bloque Constitucional de Venezuela, al tiempo de repudiar y denunciar este ruin y despreciable proceder contra los familiares de los Magistrados Legítimos ubicados temporalmente en el exilio, respalda igualmente, el pronunciamiento hecho en la misma dirección por el Colegio de Abogados de Caracas y por el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo; e igualmente, exhorta a la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y al resto de los Colegios de Abogados del país, a las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las diferentes universidades públicas y privadas; a manifestar contundentemente su rechazo al ejercicio de tal violencia política contra los legítimos funcionarios judiciales de más Alto tribunal de la República.
Asimismo, el Bloque Constitucional acuerda enviar el presente Pronunciamiento a la Fiscal de la Corte Penal Internacional para que forme parte del material de la investigación preliminar que lleva a cabo para determinar la comisión de delitos contra la humanidad por parte del gobierno venezolano.
Finalmente, el Bloque Constitucional de Venezuela, ante este delito de persecución cometido contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, recuerda a los jueces venezolanos, que un poder judicial incapaz de pensar y de repensarse asimismo, es un poder inerte y servil; y que la sociedad donde los jueces no aseguren la libertad y la justicia, es una sociedad de esclavos.
En Caracas, 2 de mayo de 2018.-
Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Blanca Rosa Mármol, Román Duque Corredor, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H. y René Molina Galicia.
Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha.
Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solis Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Iván Pérez Rueda y Moisés Troconis Villareal
Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (Presidenta), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado.
Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), RoldanTorres (Apure), Rombet Camperos (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilme Pereira (Falcón), Mary de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Eliseo Moreno (Mérida), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Mario Torres (Zulia).
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