Señor Magistrado Maikel Moreno,
Me dirijo a usted públicamente, motivado al delicado estado de salud del estudiante Villca Fernández, Prisionero de Conciencia recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) desde el 31 de enero de 2016, en el marco de un proceso penal que se desarrolla desde entonces y que, a mi juicio, pondría en entredicho la independencia judicial en el país. En razón de palabras suyas que expondré a continuación, lo insto respetuosamente a velar porque se cumplan las decisiones del Tribunal 24 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, orientadas a proveerle al joven antes mencionado la atención médica especializada que demandan sus urgencias de salud.
Usted, en alusión al Gran Mariscal de Ayacucho, aseguró: “Sucre dejó grandes enseñanzas tras sus heroicas acciones militares, siendo una de ellas que debemos ser capaces de alimentar la nobleza y el honor de reconocer los derechos más elementales del hombre, entre ellos, el respeto a su dignidad”. Negarle a un ser humano el acceso a medios necesarios para mejorar su salud, teniendo pleno conocimiento de sus padecimientos, contraría esas enseñanzas, y nada tiene de honor y nobleza cuando el contexto de esa negativa es una causa penal como la seguida contra Villca Fernández. Espero que mi sinceridad no la interprete como uno de esos “ataques al Poder Judicial venezolano” que viene denunciando dentro y fuera del país.
Ese irrespeto a la dignidad de Villca Fernández, tal como sucede también con Renzo Prieto, Gregory Sanabria y Boris Quiñones, hace que la situación restrictiva de libertad preventiva que se le impuso se convierta en el cumplimiento de una pena anticipada sin declaratoria de culpabilidad, colocándolos en una postura de mayor vulnerabilidad por encontrarse delicados de salud, a merced de sus custodios y sin recibir la atención médica adecuada que se les acordó. “Los jueces y juezas cumplirán y harán cumplir las sentencias y autos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales”, eso dice el Código Orgánico Procesal Penal, usted, tanto como yo, sabe de la obligatoriedad tácita en toda orden judicial, no obstante, causa asombro ver que los Jueces y Juezas poco hacen, por no decir nada, “para hacer respetar y cumplir sus decisiones”, y estos casos son un claro ejemplo.
Ante autoridades judiciales iberoamericanas, hace pocos días, usted expuso supuestos “avances judiciales de Venezuela para garantizar una justicia accesible, célere, eficiente y eficaz, tal y como lo establece la Carta Magna y las leyes”, enfatizando “más cuando se trata de… brindar a nuestro pueblo un servicio óptimo, moderno y eficaz”. “¡Sin dilación alguna!” Creo haberlo visto exaltarse cuando exclamó la última frase. Pero eso no fue todo, además, afirmó, “el trabajo judicial es independiente de cualquier interés político o de cualquier otra índole, erigiéndose como garante de los marcos legales de cada nación”, y, no menos importante, fueron estas palabras “insté a los jueces y juezas a mantener la responsabilidad, la ética, el amor y la vocación en el cumplimiento de su trabajo”.
Para despedirme, deseo felicitarlo anticipadamente si con una decisión suya en relación al caso de Villca Fernández, y de los otros presos políticos que nombré, honra sus palabras y las enseñanzas enaltecidas por usted, demostrando la firmeza con la que debe actuar todo juez, con su correlato de compromiso ético, de sindéresis y responsabilidad propio de los operadores de justicia, apegados a un marco constitucional que obliga a consolidar el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia con hechos concretos como garantizar efectivamente el derecho a la salud que reclama este joven estudiante.
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