Hoy 3 de mayo, cuando el mundo celebra 25 años de la declaración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, Venezuela aumenta su deuda frente a las garantías para el ejercicio de un derecho que ha sido reconocido como un Derecho Humano fundamental. En cuatro meses, al menos siete medios impresos de comunicación han dejado de circular, reduciendo aún más los ya escasos espacios para el debate y para la transmisión de información.
Nota de prensa
La prensa escrita en general ha sido objeto de una política oficial devastadora que ha forzado su cierre en varios estados del país y en particular, en lo que va de 2018, ha terminado con la existencia de los diarios El Oriental (15 de enero), La Verdad de Monagas (15 de enero), El Tiempo, en su edición para la zona centro (25 de enero), El Impulso (10 de febrero), La Región de Oriente (28 de febrero), La Prensa de Barinas (2 de marzo) y Versión Final (19 de marzo), así lo documentado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Estos siete de medios de comunicación se suman a los más de 40 que desde 2012 han cesado su circulación por la negativa del Gobierno nacional de facilitar el acceso a los recursos y a la materia prima que permita mantener la producción. Desde entonces, mediante el uso de un mecanismo de censura indirecta, la administración de Nicolás Maduro ha generado un monopolio en la importación y distribución del papel prensa, entregándolo con un criterio de premio y castigo en función de la línea editorial y ocasionando que muchos hayan dejado de existir.
No hay justicia
La impunidad sigue siendo un elemento muy presente frente a los delitos contra la libertad de prensa y de expresión. La ausencia de justicia por las agresiones, robos, secuestros, y detenciones arbitrarias contra periodistas y trabajadores de la prensa, ha generado ya un permanente clima de hostilidad que afecta sensiblemente a este sector.
De enero a abril, el SNTP ha registrado al menos 60 casos de vulneración al ejercicio de la libertad de expresión: enero 7, febrero 15, marzo 16 y abril 22. Hay una reducción importante con respecto del mismo período en el año 2017 (hubo 176), con la salvedad de que es una cifra que va en ascenso y que, a este fecha, en 2017, habían transcurrido 2 meses de intensas protestas de calle en los que la prensa fue brutalmente reprimida.
De los 60 casos reportados, 21 han sido detenciones ilegales y 42 de ellos tienen como responsables o victimarios a los organismos de seguridad de Estado, siendo los más visibles los cuerpos de policías regionales y la Guardia Nacional. Casi todos los casos ocurren durante la cobertura de manifestaciones por la escasez de alimentos, el alza de los precios, la deficiencia en los servicios públicos y las precarias condiciones en el sector salud.