La mayoría sandinista y sus aliados de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua nombraron hoy a los integrantes de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, que estará a cargo de investigar la muerte de al menos 45 personas durante las violentas protestas acontecidas desde el pasado 18 de abril.
EFE
La Comisión está integrada por al sacerdote franciscano Uriel Molina Oliú; la líder miskita nicaragüense Mirna Cunningham; el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), Jaime López Lowery; el sub procurador de derechos humanos, Adolfo José Jarquín; y el académico e intelectual Cairo Amador.
El presidente del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, dijo ante el pleno que la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz está conformada por cinco miembros, entre ellos juristas, intelectuales, religiosos y personalidades de la sociedad civil “de gran prestigio”.
Tras su nombramiento y ratificación celebrada en una sesión extraordinaria, los miembros de la Comisión tomaron su juramento.
La creación de esa Comisión ha sido criticada por diversos sectores, quienes dudan de su trabajo y su independencia, ya que fue creada exclusivamente por diputados afines al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quien organismos humanitarios responsabilizan de ser, junto con la Policía Nacional, responsables de las muertes.
Estudiantes universitarios, que han sido los principales protagonistas de las protestas contra el Gobierno, así como organizaciones humanitarias, han sugerido invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que sea parte de esa Comisión de la Verdad
La CIDH solicitó el pasado 24 de abril al Gobierno de Ortega que le permitiera entrar al país para evaluar lo sucedido y el 1 de mayo recibió la respuesta del Ejecutivo, que le pidió “aguardar el avance de los procesos internos”.
Nicaragua atraviesa una crisis que hoy cumple 19 días, debido a multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Ortega, que comenzaron exigiendo medidas de seguridad social y continuaron a pesar de que el mandatario revocó su decisión.
Desde que comenzaron las manifestaciones los enfrentamientos violentos han causado al menos 45 muertos, la mayoría entre el 18 y el 22 de abril pasado, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mientras que otras organizaciones humanitarias elevaron a 63 los fallecidos.
Nicaragua está pendiente del comienzo del diálogo que protagonizarán el Gobierno y el sector privado, con la Conferencia Episcopal (CEN) como mediadora, aunque todavía no se ha establecido una fecha para su celebración.
Nombran comisión que investigará muertes durante protestas en Nicaragua