Luego de sufrir un año de discriminaciones, la falta de pago de sus pensiones y la ausencia de respuesta oficial a las múltiples peticiones formuladas, el día 11 de enero de 2017, la Asociación Gremial de Pensionados de la República Bolivariana de Venezuela en Chile (PENSIVENCH A.G.), constituida e integrada por los ciudadanos acreedores de jubilaciones y pensiones venezolanas que residen en la República de Chile, ejerció por ante un Tribunal Competente del Poder Judicial Venezolano, una demanda de cobro de pensiones contra el Estado Venezolano. La cual, a pesar de ser la vía judicial idónea y de cumplir con todos los requisitos procesales previstos en la legislación venezolana para su admisión, fue declarada inadmisible por el Tribunal de la causa en fecha 20 de enero de 2017, sin que hubiese justificación legal para ello, pues dicha declaratoria de inadmisibilidad no fue fundamentada en ninguna de las causas que la legislación venezolana prevé taxativamente para ello.
Así las cosas, en vista de que la sentencia que declaró la inadmisibilidad de nuestra demanda estaba viciada de nulidad, en fecha 25 de enero de 2017 ejercimos el recurso de apelación en su contra y litigamos el juicio en su segunda instancia.
En fecha 03 de abril de 2017, el Juzgado Superior dictó una sentencia aún más insólita que la anterior, pues reconoció la veracidad de los alegatos que esgrimimos sobre a los vicios contenidos en la sentencia apelada, y sin embargo declaró sin lugar la apelación y confirmó la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda. Esta vez bajo el alegato de que PENSIVENCH A.G., no tenía cualidad para defender en juicio los derechos de sus agremiados (los pensionados de la República Bolivariana de Venezuela que residen en Chile).
Con esa decisión del Tribunal Superior se agotó la vía interna, pues no hay más instancias ni recursos procesales ordinarios contra la inadmisión de la demanda y tampoco podemos anunciar el Recurso Extraordinario de Casación ante el Tribunal Supremo de Justicia pues el caso no llega a la cuantía económica exigida para ello.
Vía: pensivech