Durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela; Alí Daniels representante por la organización Acceso a la Justicia, Carlos Patiño por Provea y Humberto Prado de Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
LaPatilla.com
Alí Daniels señaló que la injusticia militar inicia por la usurpación de los nombramiento de los jueces militares y a los órganos vinculado al sistema de justicia, al ser designados por el ministro de la Defensa y el órgano competente para juramentar a los jueces militares es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Por otro lado, Daniels indicó que el Estado venezolano confesó la aplicación estándar en materia de justicia militar, lo establecería una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, según lo publicado por la Sala Penal del TSJ en el Caso de David Guillermo Sosa Escalona.
El representante de la Acceso a la Justicia presentó el caso de la detención del diputado ante la Asamblea Nacional, Gilber Caro y los imputados por la derrumbe de una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez durante una manifestación como el uso de la justicia militar para la persecución política al ser acusados de traición a la patria, ataque la centinela y rebelión militar.
Acceso a la Justicia informó sobre la coacción del del personal militar al obligar la obediencia de la orden de un superior, aun si esta viola los derechos humanos, donde el derecho de queja no exime al oficial de obedecer la orden.
Humberto Prado, representante de la OVP, señaló que Venezuela hay un total de 796 personas sometidas a la jurisdicción militar, 249 presos políticos y 7.223 personas sujetas injustamente a procesos penales con medidas cautelares de libertad.
Por su parte, el G/D Edgar José Rojas Borges, Magistrado Presidente del Sistema de Justicia Militar, presentó los argumentos por parte del Estado venezolano para justificar el uso de la justicia militar contra civiles según lo establecido en las leyes del sistema justicia militar.