Activistas en el estado venezolano de Táchira, al occidente del país, han estado durante años a la vanguardia de las manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro y sus acciones impulsaron el año pasado violentas protestas contra la creación de una asamblea constituyente todopoderosa.
Pero los jóvenes manifestantes, apodados “La Resistencia”, no planean salir a la calle este domingo, cuando Maduro busca su reelección en comicios considerados fraudulentos por la oposición.
La mayoría ni siquiera está en el país.
Sus filas han sido diezmadas por la emigración, y la represión ha dejado a muchos en la cárcel o tratando de evitarla. La crisis económica, con una hiperinflación de cinco dígitos, ha llevado a muchos a buscar refugio en naciones vecinas de Latinoamérica.
“Salgo de mi país por la persecución a mis compañeros y familiares, por la falta de oportunidad de trabajo y una economía pésima”, dijo en un mensaje de texto William Quintero, un activista de 32 años que se mudó este mes a Colombia.
“Mientras que estén estos gobernantes de izquierda no veo un país de oportunidades”, agregó. Las protestas nacionales de 2014 empezaron en San Cristóbal, la capital del fronterizo Táchira, con los críticos de Maduro construyendo barricadas a lo largo de la ciudad andina, donde los habitantes son conocidos por ser reservados y corteses.
La segunda ola nacional de protestas en 2017 duró cuatro meses y culminó con la elección en julio de la Asamblea Nacional Constituyente que ha dado al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) poderes ilimitados.
El gobierno de Maduro ha encarcelado a docenas de líderes opositores que van desde alcaldes hasta agitadores universitarios. La oposición los llama prisioneros políticos, pero Maduro dice que son terroristas que buscan derrocarlo.
“De los que estuvimos en protestas, el 70 por ciento salió del país en 2015, y el resto nos retiramos el 2017”, dijo Miguel García, de 26 años, quien estuvo activo en ambas rondas de protestas.
García se fue a Chile después de que su hermano fue encarcelado por agentes de inteligencia en lo que los grupos de derechos humanos llaman detenciones arbitrarias.
“Tenemos la certeza que una vez que caiga el gobierno en Venezuela las puertas van a estar abiertas y ese es el momento en que vamos a regresar al país”, dijo García.
Migración de activistas
Maduro enfrenta este domingo al exgobernador Henri Falcón, quien rompió el boicot de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que había llamado a abstenerse sobre la base de que el proceso electoral es susceptible de fraude.
La coalición dijo que ni siquiera estaría en condiciones de documentar posibles fraudes porque se convocó a votar con tan corto aviso que no tuvo tiempo de preparar una red de testigos de mesa.
Algunos activistas de la oposición han dicho que estarán en centros de votación instando a las personas a no votar, pero no están planeando manifestaciones a gran escala.
El presidente Maduro insiste en que la elección es libre y justa, y acusa a la oposición de negarse a participar porque sabe que no puede ganar.
Las encuestas muestran que su índice de aprobación ronda el 20 por ciento debido a la molestia de los venezolanos con una inflación anualizada de casi 14.000 por ciento, así como a la escasez de alimentos y medicinas y la creciente incidencia de desnutrición y enfermedades prevenibles.
Un programa de asistencia, creado por el gobierno Maduro, entrega cajas con productos básicos como aceite de cocina y arroz, pero el programa está plagado de quejas de que en la entrega de la comida se favorece a las personas que apoyan al partido oficialista.
El gobierno de Maduro insiste en que es víctima de un “guerra económica” encabezada por líderes de la oposición con la ayuda de Washington.
Fernando Márquez, de 24 años, uno de los pocos activistas que permanece en San Cristóbal, dijo que la incapacidad de la oposición para desarrollar una estrategia clara contra Maduro ha desmotivado a los manifestantes e hizo que el movimiento se marchitara.
“El año pasado éramos un ejército grande, un ejército de jóvenes con un espíritu rebelde luchando contra una dictadura”, dijo Márquez, del partido opositor Voluntad Popular, quien reconoció que casi todos sus amigos están ahora fuera del país.
En lugar de manifestarse el domingo, dijo, los activistas planean monitorizar los centros de votación en caso de irregularidades.
“Esto no es un elección, es un fraude”, sostuvo.
Por Anggy Polanco y Brian Ellsworth/Reuters