El Portugués mide las palabras y evita los aspavientos delante de los clientes. Luce un cuidado bigote con canas y entremezcla los recuerdos con la indignación detrás del mostrador de El Chamo, la carnicería que regenta desde hace décadas en Petare, el barrio popular más grande de Caracas. El Portugués vende, o vendía, solomillos, chorizos y morcillas. José Florentino, este es su verdadero nombre, que pocos conocen, rememora los sucesos del Caracazo, el sangriento estallido social que partió en dos el destino de Venezuela. Se originó en 1989 tras una fuerte subida de precios, durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, y sectores del chavismo lo reivindican hoy como premisa de la llamada revolución bolivariana.
FRANCESCO MANETTO/ElPaís
“A mí me agarró aquí y me saquearon, pero entonces era fácil porque todo era más barato. La gente ya no hace mercado”. Tras las impresiones de este comerciante, a punto de cumplir 60 años, hay dos realidades en torno a las que existe consenso incluso más allá de las posiciones políticas. Primero, la situación de la gran mayoría de la población, su odisea cotidiana para sobrevivir, nunca había sido tan insostenible. Segundo, la escasez y el yugo de los precios han tejido tramas de fidelidades que atan a los ciudadanos a las autoridades a través de las bolsas de comida y los subsidios y, al mismo tiempo, fomentan negocios informales o directamente al margen de la ley. El kilo de carne se disparó hace semanas por encima de los dos millones de bolívares, la moneda local, y llegó a rozar el salario mínimo integral, fijado en 2,5 millones. Menos de tres dólares al cambio no oficial (2,6 euros).
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Hablar de costes hoy en un barrio de Caracas se ha convertido en una especie de quiniela. Los precios aumentan en cuestión de días, a veces horas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un incremento del 1.800.000% en dos años, un drama superado en este siglo solo por Zimbabue. Y mientras el desastre económico se consolida, el régimen de Nicolás Maduro busca fortalecerse en unas elecciones presidenciales convocadas con unas reglas del juego que, según las fuerzas mayoritarias de la oposición, favorecen al Gobierno y suponen un mero trámite. Algo más de 20 millones de venezolanos se debaten entre votar y no acudir a las urnas por falta de garantías como piden las principales formaciones críticas con el chavismo.
“Voy a votar porque es un deber. Un buen ciudadano debe votar”, dice Carmen Holguín, costurera de 55 años, mientras espera el autobús en una larga cola que serpentea en una esquina del sector de Catia, una de las zonas más fieles a la memoria del expresidente Hugo Chávez. “Espero un cambio que sea bueno para todos porque estamos viviendo muy mal. No alcanza el dinero para nada. Cada día suben los precios”, se lamenta. Aunque no confiesa su voto, se intuye su simpatía por Henri Falcón, el representante opositor con más peso en estos comicios. William José y Víctor Valera, transportistas, muestran su desencanto con la política, pero tienen posturas distintas. “No voy a votar, ya me cansé en 2003. Ni por uno ni por otro”, asegura el primero, mientras el segundo está dispuesto a dar su apoyo a Falcón, quien se alejó de los postulados de la revolución bolivariana en 2010. “Lo más seguro es que me lance y vaya a votar. Pienso que ese hombre tiene unas ideas muy claras. Pero la política tiene mil caras”, opina sobre las sospechas de que haya pactado con Maduro un puesto en su Gobierno.
No obstante, las elecciones y su resultado, más que previsible, no son lo que más interesa en las calles de Caracas, en los mercados, en los barrios humildes y en los municipios opositores como Chacao. Con la salvedad de los chavistas ortodoxos, los caraqueños están mucho más preocupados por la seguridad —en 2017 hubo casi 27.000 asesinatos, de los que más de 5.000 se produjeron por resistencia a las fuerzas de seguridad, según el Observatorio Venezolano de Violencia—, por el colapso de los servicios públicos y un modelo productivo extractivista, por la caída de PDVSA, la petrolera estatal, el desabastecimiento y el aislamiento internacional. Cientos de miles de personas huyeron en los últimos meses a la vecina Colombia en busca de oportunidades.
Dar con alguien con ganas de desahogarse no es difícil. Más complicado es superar la desconfianza inicial, relacionada con el control que ejercen sobre la población las autoridades. La advertencia es habitual: cuidado con los colectivos motorizados, los grupos de choque del chavismo. Junior Moral, de 33 años, está a vueltas con unas cuentas en un establecimiento vacío. En el mostrador, un puñado de empanadas. “Una cuesta ya 200.000 bolívares. Un desayuno, tres empanadas y un jugo serían 800.000 bolívares. Si comes dos días ya prácticamente se te murió el sueldo. ¿Con qué sobrevivimos los otros 29 días? Cada día, cada hora, cada segundo la situación se hace más difícil”, describe. Moral no votará a pesar del hartazgo. O, en realidad, precisamente por el hartazgo. “Si de verdad saliera la gente a votar, yo creo que podríamos ganar, pero como todo está comprado, no va a pasar. Creo que hace cinco años ganó Henrique Capriles”, afirma sobre las elecciones de 2013.
A pocos metros, la discusión en un puesto de plátanos gira en torno a la mala calidad de los servicios y de las misiones, los proyectos sociales de barrio impulsados por Chávez con el apoyo del Gobierno cubano. “¿Qué queremos nosotros de Maduro? Que haga como Chávez, que corte por arriba, no por abajo”, resume Gladys Contreras, de 46 años, enferma y desempleada en un sistema que el año pasado superó el 27% de paro, según el FMI. “Tengo el carnet de la patria y del PSUV [Partido Socialista Unido de Venezuela] y yo era de las que me ponía a pelear con cualquiera. Pero no voy a votar. Por ninguno, no tiene sentido porque esto ya está arreglado”, continúa.
El carnet de la patria
El llamado carnet de la patria es un documento con el que el chavismo trata de asegurarse el apoyo de las clases populares. En el país circulan más de 16 millones. Permite acceder a bonos y servicios y, aunque sobre el papel no sirva para tener una atención preferente en la recepción de las cajas periódicas de alimentos, es un instrumento utilizado para medir la fidelidad al régimen.
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