El gobierno venezolano pidió este viernes a la televisora privada Globovisión “abstenerse” de transmitir mensajes que desconozcan a autoridades, en medio de fuertes cuestionamientos a la reelección del presidente Nicolás Maduro.
Tres días después de plantear la misma exigencia a la web del diario El Nacional, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) exhortó al canal a “abstenerse de difundir” contenidos que violen una controvertida norma que “prohíbe la difusión de mensajes que desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas”.
En un comunicado, Conatel advirtió a Globovisión de sanciones en caso de reincidencia.
El organismo citó una entrevista difundida el martes con el excandidato presidencial Alejandro Ratti, quien calificó de “fraudulentas” las votaciones en las que Maduro fue reelegido para un segundo período entre 2019 y 2025.
“Debemos exigir ya la destitución inmediata (…) del Consejo Nacional Electoral, investigarlos, y si tienen que ir presos, tienen que ir presos, porque esto fue manipulado”, dijo Ratti.
Los comicios, boicoteados por la mayoría de la oposición, son desconocidos por Estados Unidos y varios países de Europa y América Latina, que consideran que no fueron libres, equilibrados ni transparentes.
El martes, Conatel anunció un “procedimiento administrativo sancionatorio” contra la web de El Nacional -principal periódico de línea opositora- por las mismas razones, aunque en ese caso expresamente le ordenó “abstenerse de publicar noticias y mensajes que puedan atentar contra la tranquilidad”.
El editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, consideró esa medida como una “retaliación política”.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denuncia una escalada de “ataques” a medios de comunicación por parte del gobierno, en una “política sistemática de acorralamiento y asfixia de espacios para la expresión libre, la crítica y la disidencia”.
Según la ONG Espacio Público, 51 medios dejaron de operar en Venezuela el año pasado (46 radios, tres televisoras y dos diarios) debido a sanciones, problemas económicos y falta de insumos como el papel periódico, monopolizado por el Estado.
AFP