El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este miércoles la ley conocida como “derecho a probar”, una polémica norma que legaliza los tratamientos experimentales con pacientes desahuciados para los que la medicina común no ha encontrado remedio.
“Es un día muy importante para mí porque hemos estado esperando este momento durante mucho tiempo. (…) Quería una ley por y para los enfermos, no a favor de las compañías de seguros y farmacéuticas, que no me importan”, apuntó Trump en la Casa Blanca momentos antes de firmar esa legislación.
“Salvaremos miles y miles de vidas”, aseguró el mandatario, que criticó que las normas actuales alargan el proceso de aprobación de los medicamentos, quitando la esperanza a los enfermos que carecen de ese tiempo.
El presidente recibió a varios enfermos terminales en la rúbrica de esta ley, a la que asistieron además, entre otros, el vicepresidente Mike Pence, firme defensor de esta regla, y el secretario de Salud, Alex Azar.
A partir de ahora, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de EE.UU. no tendrá derecho a supervisar los tratamientos experimentales como hasta ahora y únicamente será informada una vez programados.
Además, la ley autoriza a los pacientes a probar estos medicamentos en fase previa a la comercialización, y serán las propias compañías las que decidan o no dar luz verde estos tratamientos experimentales.
La medida ha suscitado controversia entre grupos de defensa de pacientes terminales, que han defendido que esta norma no tendrá un gran impacto en el acceso a ese tipo de tratamientos y que puede tener un efecto negativo en la percepción pública de la FDA.
“No creemos que esta ley aumente de forma segura y genuina el acceso a terapias de investigación fuera de los ensayos clínicos. Desafortunadamente, es particularmente preocupante”, indicó a Efe Christina Jensen, de la Organización Nacional de Enfermedades Raras (NORD, en inglés).
“Haremos todo lo posible que podamos para proteger a nuestros pacientes de terapias inefectivas”, añadió Jensen.
A pesar de que a partir de hoy se convierte en una ley federal, 40 estados del país han pasado legislaciones similares en los últimos años con el mismo objetivo.
De hecho, durante décadas se han implementado medidas para que pacientes moribundos accedan a medicamentos fuera de los ensayos clínicos, conocidas como “políticas de acceso expandido” o “uso compasivo”.
Cerca del 99 % de las solicitudes enviadas para ampliar el acceso a casi 9.000 fármacos en investigación fueron aprobadas durante un período de 10 años entre enero de 2005 y diciembre de 2014, según datos de un estudio de investigadores de la FDA publicado en la revista Therapeutic Innovation & Regulatory Science en 2016.
Sin embargo, esta ley ha sido una de los prioridades legislativas de Trump, que llegó a mencionar de manera inesperada esta medida en su discurso del Estado de la Unión, y del vicepresidente Pence, que ya firmó una legislación estatal parecida cuando era gobernador de Indiana (2013-2017).
“Gracias al liderazgo del presidente, el Congreso pasó la semana pasada la ley ‘derecho a probar’, dando esperanza y una oportunidad para luchar a pacientes seriamente enfermos y sus familias”, dijo Pence en la Casa Blanca antes de la rúbrica de Trump.
En general, los expertos han considerado que esta ley se quedará en un punto político a favor de Trump y su Administración a ojos del público, pero que en realidad cambiará muy poco el panorama para los pacientes en fase terminal.
Los opositores a la medida han insistido en los ú ltimos meses que la ley “derecho a probar” dará falsas esperanzas a los enfermos por un acceso a medicamentos que ya podían obtener a través de un proceso controlado por la FDA.
No obstante, la Cámara de Representantes aprobó la legislación la semana pasada (250-169) después de que el Senado también diera el visto bueno el pasado mes de agosto, pasos previos a que Trump convirtiera hoy esa propuesta legislativa en ley.
EFE