La abogada de derechos humanos Tamara Suju presentará en los próximos días una nueva denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, por las últimas torturas en Venezuela, que se han cebado, entre otros, con militares disidentes y médicos. El escrito de Suju incluirá el nombre de cinco mandos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a los que, basándose en los testimonios recopilados, identifica como responsables directos del maltrato a los detenidos. Así lo reseña abc.es
Se trata de los generales Iván Hernández Dala (director de la DGCIM) y Ramón Balza Liota (jefe de operaciones), el coronel José Franco Quintero, el mayor Alexander Gramcko Arteaga y un teniente de apellido Méndez y apodado «Severio», señala esta letrada, directora del Instituto Casla. Por encima, la cadena de mando se completa con el diputado constituyente y uno de los hombres fuertes del régimen, Diosdado Cabello; los ministros de la Defensa y de Interior y Justicia, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol, respectivamente; el vicepresidente, Tareck el Aissami, y el presidente, Nicolás Maduro.
Tamara Suju, que compareció ante los medios este jueves en Madrid junto a Fabio Valentini, dirigente de la plataforma Soy Venezuela, ha contribuido al informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que aprecia que se han cometido crímenes de lesa humanidad para llevar a Maduro y otros cargos del régimen ante la CPI. Hasta ahora, la abogada había denunciado ya a cerca de un centenar de personas como miembros de la cadena de mando responsable de las torturas.
La Fiscalía de la Corte de La Haya abrió el pasado febrero un «examen preliminar» sobre Venezuela por el empleo de «fuerza excesiva» por la policía para «dispersar y reprimir manifestaciones» del pasado año, así como los «graves abusos» cometidos sobre los detenidos.
Tanto Suju como Valentini confían en que el informe de la OEA permita aumentar la presión internacional contra los jerarcas del régimen de Maduro. «Tienen miedo a dos cosas: a que les toquen los bolsillos y a que los metan presos», señaló la directora ejecutiva del Instituto Casla.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, remitió este jueves el documento a la CPI, acompañado de una carta en la que subraya que hay fundamentos razonables para considerar que se han cometido desde 2014 crímenes contra la humanidad, entre los que cita asesinato, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, encarcelamiento, persecución y desapariciones forzosas.
Hoy remití a la Fiscal de la Corte Penal Internacional @IntlCrimCourt, Fatou Bensouda, el Informe sobre crímenes de lesa humanidad en #Venezuela.
Acá la carta #OEAconVzla https://t.co/KQK1Fu2asX pic.twitter.com/UFWjpCMsl3— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 31 de mayo de 2018
No obstante, Tamara Suju espera que algún país se acoja al artículo 14 del Estatuto de Roma y se adhiera al informe o presente una denuncia formal. En este sentido, apuntó que Canadá y Chile han mostrado su respaldo a la iniciativa de la OEA.
Continúan las torturas en Venezuela
«Mientras estamos aquí sentados, nuestros presos están siendo torturados», señaló la abogada. Entre los siete crímenes de lesa humanidad que, según dijo, se recogen en el informe de la OEA, hay desde persecución política a tortura sexual. Al menos 290 personas han sufrido este tipo de vejaciones, sin que importe «sexo ni edad», ya que los han sufrido desde una joven de 19 años a un hombre de 67.
También indicó que en los últimos 20 días se ha detenido a 40 militares, si bien Fabio Valentini agregó que en las 48 horas posteriores a las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo la cifra superó el centenar. Estos comicios han sido tachados de «farsa» por la oposición y buena parte de la comunidad internacional.
Tamara Suju denunció el caso del médico José Alberto Marulanda, detenido por el DGCIM el mismo día de los comicios y llevado ante tribunales militares pese a ser civil, y que sufrió torturas que le dejaron sordo de un oído por golpes en la cabeza y daños en las manos. Se refirió igualmente a William Aguado, propietario de la casa donde fue ejecutado el policía rebelde Óscar Pérez y el resto de miembros de su grupo, que fue «terriblemente torturado» y llevado a la prisión militar de Ramo Verde.