Estados Unidos está resuelto a combatir el régimen de Maduro en todos los frentes. La Administración Trump se ha lanzado a acorralar al Gobierno venezolano mediante una asfixia económica y política que, según espera, sirva para derrumbar el que considera mayor riesgo para el continente desde la irrupción de la Cuba comunista. En paralelo a las duras sanciones dirigidas a las élites del régimen, la segunda gran ofensiva apunta a la creciente marginación de Caracas en cada uno de los ámbitos políticos y diplomáticos. El último gran objetivo sería la suspensión de Venezuela de todos los órganos dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), para lo que presiona a los países que pueden decantar una posible votación en la asamblea que empieza mañana en Washington. Así lo reseña abc.es
La pretensión estadounidense se hará visible desde primera hora. El vicepresidente Mike Pence tiene previsto hacer un «llamamiento personal» a los embajadores de la institución latinoamericana en un acto matinal en la Casa Blanca. Para ello, el número dos del Departamento de Estado, John Sullivan, se ha encargado de reunir a las delegaciones participantes en la 48 Asamblea General de la OEA. El mensaje será directo. Apelará a todos ellos a aprovechar la reunión, que se celebra del lunes al miércoles, para votar la exclusión de Venezuela de todas las actividades de la organización. En la práctica, se trataría de la expulsión del Gobierno de Maduro, un castigo político de indudable impacto.
De aprobarse, la decisión situaría a Venezuela al mismo nivel que Cuba, suspendida en 1962 a raíz de la llegada del comunismo al poder de la mano de Fidel Castro. Además de no participar en órgano alguno, La Habana está excluida de todos los programas del organismo, como los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos. El otro precedente afectó a Honduras en 2009, aunque sólo por dos años, como represalia por el golpe de estado que depuso al presidente Manuel Zelaya. La salida de la OEA, bien por expulsión o por decisión propia, requiere de un largo proceso que puede durar entre dos y tres años. Precisamente, el Gobierno de Maduro pidió en abril de 2017 la marcha de la entidad, que se encuentra en tramitación. Algo que no va a restar contundencia a una suspensión que medios diplomáticos califican de «sanción y reafirmación internacional contra el régimen».
Tras la proclama del vicepresidente Pence, la presión estadounidense para marginar al régimen chavista venezolano se intensificará el mismo lunes, cuando el secretario de Estado, Mike Pompeo, suba a la tribuna de la asamblea y pronuncie un discurso en parecidos términos. Tampoco el jefe de la diplomacia estadounidense se olvidará de deslizar a los representantes de las delegaciones latinoamericanas el mensaje sobre la importancia de respaldar una acción tan efectiva. Dado que una resolución de suspensión de un país miembro requiere una mayoría de dos tercios, 24 de 35 votos, y que ninguna votación de condena de Maduro ha superado los veinte, pese a su creciente aislamiento, Washington está echando el resto. Fuentes diplomáticas confirmaron que uno de los mensajes que están recibiendo los gobiernos en duda es que «Estados Unidos tomará nota de los votos que no sea favorables».
Asamblea extraordinaria
Pese a todos los esfuerzos, no está nada claro que esta asamblea general pueda votar una resolución de suspensión a Venezuela. Según pudo saber este periódico, la interpretación jurídica más fiel, basada en una lectura de la Carta Democrática, imposibilita que una reunión ordinaria del máximo órgano de la OEA pueda votar directamente una resolución de suspensión. Al requerir una mayoría reforzada, en este caso de dos tercios, la Carta obliga a una asamblea extraordinaria convocada al afecto, lo que choca con las urgencias planteadas por Washington. Las fuentes diplomáticas consultadas calculan que de la reunión de esta semana sí podría salir una iniciativa que inste al Consejo Permanente de la organización a llevar a cabo la convocatoria en próximas fechas. Para aprobar una resolución de este tipo, bastará con que la mitad más uno de la asamblea dé su aprobación.
No es el único frente diplomático para castigar al régimen de Maduro. Las exigencias de Estados Unidos se van a ver complementadas por otra propuesta, que también parece tener garantizada su votación, y, previsiblemente, su aprobación, llamada a «ilegitimar» el poder del mandatario venezolano y de su procedimiento para mantenerse al frente del país.El llamado Grupo de Lima, que agrupa a los 14 países latinoamericanos más combativos contra las atrocidades del chavismo y que ya condenó la falta de garantías democráticas de la reciente elección presidencial en Venezuela, ha impulsado una segunda moción para su debate en la asamblea. Su aprobación, muy factible teniendo en cuenta que precisa sólo de una mayoría absoluta (18 de 35), se traduciría también en la imposición de sanciones y un endurecimiento en las relaciones diplomáticas por parte de todos los países de la organización. Incluidas restricciones en la aprobación de visados.
Pese a la emergencia con que Estados Unidos contempla la necesidad de suspender a Venezuela, algunas fuentes diplomáticas llaman la atención sobre la «enorme importancia» que tendrá en este momento la denuncia de que «Maduro no ha cumplido con los mínimos estándares democráticos internacionales» y de impugnar su actual presidencia. Está previsto que la declaración incluya la exigencia al jefe del régimen venezolano de «restaurar la Asamblea Constituyente de mayoría opositora».
Camino de la Corte Penal
La presión política y diplomática al régimen de Maduro tiene lugar apenas unos días después de que el grupo de juristas encomendados por la OEA concluyera que existe «fundamento jurídico”»para llevar a los altos cargos del Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional. El contundente informe recién presentado aprecia presuntos delitos de lesa humanidad y recomienda a la organización instar al fiscal del CPI a actuar formalmente con la apertura de una investigación.
Y así puede ocurrir. El presidente de la entidad latinoamericana, Luis Almagro, asegura que al menos cuatro países, entre ellos Chile, planean denunciar al mandatario ante el tribunal internacional. En declaraciones a La Voz de América, Almagro aclara que para que el fiscal de la Corte Penal pueda abrir una investigación efectiva, «sería apropiada la denuncia de algún país miembro de la OEA». La otra posibilidad es que sea el propio fiscal, Fatou Bensouda, el que tome la iniciativa de oficio.
Mientras, el régimen chavista despliega sus terminales para subrayar la importancia de la liberación de presos políticos, entre ellos el exalcalde Daniel Ceballos, una de las cabezas visibles de la oposición. Además de la reciente detención de otros catorce miembros críticos, el hecho de que aún se encuentren en sus cárceles más de 300 reos por motivos ideológicos echa agua al vino de su particular celebración propagandística.