Al menos cinco personas murieron en los enfrentamientos del sábado en la ciudad de Masaya entre civiles y la Policía Nacional apoyada por grupos afines al Gobierno de Daniel Ortega, reportó hoy una ONG, mientras que la Iglesia denunció que una de las víctimas fue ejecutada por una agente policial.
Las víctimas son Junior Gaitán, de 15 años, Donald López, de 27, Rigoberto Carballo, de 28, Eduardo López, de 37 años, y una persona que aún no ha sido identificada, dijo a periodistas el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez.
Asimismo el sacerdote Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel en Masaya, aseguró a los periodistas que Donald López “fue ejecutado” por una oficial que le disparó al pecho cuando estaba detenido e indefenso.
“El joven le dijo: ‘si me vas a matar, mátame’, y la mujer policía lo ejecutó. Cayó enfrente de la parroquia San Miguel”, afirmó el religioso.
El enfrentamiento, según el organismo humanitario, se produjo cuando simpatizantes del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, apoyados por la Policía Nacional, intentaron desalojar a un grupo de civiles que mantienen una barricada en ese lugar.
Leiva y Román hablaron con los periodistas este domingo tras mediar para la liberación de las personadas detenidas el sábado en Masaya, un total de 32 según la cifra disponible, de las cuales 21 fueron puestas en libertad y 11 son investigados.
Hoy se cumplen en Nicaragua 47 días de una crisis sociopolítica, la más sangrienta desde los años 80, que ha dejado más de 110 muertos y cerca de un millar de heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Las protestas contra el Gobierno de Ortega comenzaron el pasado abril por unas fallidas reformas a la seguridad social, y se acentuaron como consecuencia de las muertes de personas ocurridas durante las manifestaciones.
Un informe elaborado por una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó Nicaragua entre el 17 al 21 de mayo pasado alertó de posibles ejecuciones extrajudiciales con francotiradores en algunas zonas del país, y “graves violaciones de derechos humanos”.
EFE