La catástrofe provocada por la dictadura de Maduro ha hecho emigrar a millones de venezolanos. Buscan su seguridad, la tranquilidad, trabajo, vida. Utilizan todos los medios, todas las fronteras. Los países limítrofes, los primeros receptores, deben soportar nuestra carga. Las autoridades de Colombia y de Brasil principalmente, muy distintamente a lo que han hecho los gobiernos de las Islas holandesas y de Trinidad y Tobago, han adoptado medidas de protección importantes que suavizan, al menos en una primera fase, la llegada de flujos importantes de personas.
La emigración es un movimiento complejo con distintos componentes que afectan lógicamente su tratamiento. Se trata de perseguidos políticos, de personas también que buscan una mejor vida, a lo que se agrega el ingrediente de la delincuencia trasnacional que aprovecha las circunstancias para el tráfico de personas, el ejercicio moderno de la esclavitud, en fin, de delitos transnacionales que todos debemos enfrentar.
Las personas se desplazan, primero dentro del país, en donde sus derechos no están garantizados, ni protegidos. Buscan salir y atraviesan nuestro propio país convirtiéndose en desplazados internos por un tiempo, lo que estaría sometido a normas particulares de protección que desde luego el Estado venezolano ignora y más grave, desprecia.
Una vez llegados a las fronteras, superando su primera etapa de desplazado interno, buscan protección internacional. Se hacen migrantes, simplemente; o solicitantes de asilo o de refugio. Los Estados tienen la obligación de considerar la situación y de encontrar soluciones para garantizar los derechos de las personas que se ven forzadas a desplazarse y emigrar.
Los gobiernos y los organismos internacionales, especialmente el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) participan en esta fase y después, para facilitar la permanencia de los afectados. Hay y debe haber una respuesta conjunta y solidaria. Es un problema de todos, hay una responsabilidad compartida. Ayer fueron otros, de muchas partes y hacia varios países, hoy somos nosotros y mañana ojalá que no haya más necesidad de desplazarse y emigrar y que los países mantengan sus componentes humanos.
Los venezolanos están desprotegidos, solos. El Estado por supuesto ausente. El régimen dictatorial más bien disfruta del éxodo de quienes no comparten la ideología de la miseria, ni las políticas de un gobierno nefasto y criminal que hace hasta de los auxilios sociales un mecanismo para chantajear a nuestro pueblo. Y así, abandonados a su suerte, millones de venezolanos, independientemente de su condición social y profesional, buscan abrirse el camino en una nueva vida, sin ayuda, sin protección.
Es acá en donde las ONG, los gobiernos de los países amigos, las organizaciones internacionales deben jugar un papel fundamental. El apoyo a los venezolanos, insisto, es una responsabilidad compartida. Es importante no solamente que lleguen y disfruten de sus derechos, que no sean objeto de violaciones, ni de actos de xenofobia, en definitiva, que se adapten a la vida del país receptor, que se inserten en la sociedad de acogida, sin descontar, evidentemente, que estamos ante una situación pasajera, que aunque catastrófica, nos deja experiencias para manejar mejor nuestro destino en el futuro.
No se trata solamente de que los venezolanos disfruten de un permiso de residencia e incluso de un permiso de trabajo, su simple legalización, sino que ellos puedan insertarse de la mejor manera en una sociedad que les acoge y que sus experiencias y la formación de origen pueda ser útil en ese medio e incluso, después, cuando retomemos la reconstrucción de nuestra sociedad y del tejido social golpeado por la dictadura y sus políticas divisionistas llenas de odio.