Varios legisladores del opositor Partido Popular Democrático (PPD) denunciaron hoy que el proceso del Gobierno de derogar la Ley 80, que defiende derechos laborales, ha sido atropellado y que no existe evidencia que demuestre los efectos positivos a la economía local si la misma es eliminada.
EFE
Así lo dejaron saber en una rueda de prensa los representantes José Varela, Luis Vega Ramos y Manuel Natal Albelo, quienes, a su vez, afirmaron que no existen estudios que comprueben cuántos empleos se crearán o cuántas empresas nuevas llegarán a la isla tras la derogación de la polémica ley.
Varela, portavoz del PPD en la Comisión de Gobierno de la Cámara, afirmó que la derogación de la ley ocurrirá por el pacto que aprobaron el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y la Junta de Supervisión Fiscal de mantener el bono de Navidad y evitar la reducción de licencias de vacaciones y enfermedad.
Por su parte, Vega Ramos manifestó que el proceso de vistas públicas ha sido atropellado desde el primer día, ya que no se incluyó a la Comisión de Asuntos Laborales dentro de la evaluación de un tema que impacta directamente a la clase trabajadora del país.
De igual forma, hizo hincapié en la poca o ninguna preparación de algunos jefes de agencias, como el del Trabajo, Carlos Saavedra, quien en una recién vista pública sobre la Ley 80, el legislador Gabriel Rodríguez Aguiló le cuestionó cuándo un empleado adquiriría la permanencia de su empleado con la derogación de la Ley 80 y éste respondió “desde el día uno porque el periodo probatorio existe”.
Vega Ramos agregó que el pasado martes, las asociaciones empresariales no presentaron evidencia o números de cuánto han perdido en dinero durante los 42 años de la Ley 80 o cuántos empleos crearían si se deroga.
“Al momento, ninguno de los deponentes que vinieron a defender la postura del gobernador, ha podido demostrar con datos sustentables que la derogación de la Ley 80 traerá mayor crecimiento económico. Tampoco, han podido dar cifras o proyecciones de cuántos empleos se generarán ni cuántas empresas nuevas llegarán a la isla tras la derogación de esta ley”, sostuvo el legislador popular.
Natal Albelo, por su parte, sostuvo que tanto el Gobierno como la Junta de Supervisión Fiscal han utilizado el argumento de que en estados de Estados Unidos no existe una ley como la 80 para defender la derogación de la misma.
“Pero obvian que las condiciones laborales y el salario mínimo estatal en Puerto Rico no es comparable con el resto de los estados. Mientras tanto, continúan privando a los trabajadores de los derechos que han adquirido”, expresó.
“No cabe duda, que lo único que busca este pacto de Rosselló y la Junta es beneficiar a los grandes intereses a costa del empleo de miles de padres y madres de familias que dignamente se levantan a trabajar todos los días”, añadió Natal Albelo. EFEUSA