El Salvador ha registrado niveles de violencia “alarmantes” durante los 4 años que lleva Sánchez Cerén al frente del Ejecutivo, dijo hoy una organización social, que llamó al gobernante a “profundizar esfuerzos” y desmilitarizar la seguridad pública.
EFE
“Los 4 años del actual Gobierno no son un período suficiente para medir en su totalidad el impacto positivo o negativo de todas las acciones impulsadas”, pero “algunos de los principales indicadores del nivel de violencia social siguen siendo alarmantes”, indicó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Señaló que con la actual estrategia de seguridad, “únicamente se ha logrado retornar a los índices de homicidios existentes al asumir el actual Gobierno” en 2014, tras un marcado incremento de los asesinatos que convirtió a 2015 en el año más violento de la historia reciente salvadoreña.
“Haber evitado la tendencia desmedida al alza de los homicidios, al punto de retornar a las cifras del año 2014 podría verse como positivo, pero no suficiente ni alentador”, sostuvo FESPAD en un informe en el que evalúa la gestión de Sánchez Cerén.
Por otra parte, la organización reprobó la implementación de una serie de “medidas extraordinarias” de seguridad en las prisiones que atentan “contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y de sus familiares”.
La estrategia extraordinaria, con vigencia hasta octubre próximo y que el Gobierno busca que sea permanente, incluye la suspensión de visitas, el encierro total de los reos, traslados expeditos a la cárcel de máxima seguridad, el corte de las telecomunicaciones en los penales y la creación y mantenimiento de centros temporales de reclusión.
“Vemos como positivo el hecho que se ha recuperado cierto control con la aplicación de algunas medidas extraordinarias, como la relativa a las telecomunicaciones”, pero “se debe tener el cuidado de no adoptar medidas que atenten contra derechos fundamentales de las persona”, acotó la entidad.
FESPAD también destacó en su evaluación que el surgimiento de “nuevos fenómenos” de la violencia social, como los constantes enfrentamientos armados entre pandilleros y cuerpos de seguridad, las ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzado, que “han adquirido dimensiones importantes”.
Según la organización, entre 2014 y 2017 fallecieron 1.416 personas en las referidas reyertas, de las que 1.325 “habrían sido a manos de agentes de autoridad”.
Entre las recomendaciones hechas por FESPAD al Ejecutivo de Sánchez Cerén destaca la de desmilitarizar la seguridad pública, dado que más de 13.000 soldados patrullan las calles y vehículos artillados de guerra que apoyan a la Policía.
El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por sus tasas de homicidios de 103, 81,7 y 60 por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, respectivamente. EFE