Ante la visita de representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al país, la diputada de la Asamblea Nacional Manuela Bolívar reitera el difícil acceso a las medicinas y servicios de salud en Venezuela que mantiene al país en una crisis humanitaria. Sostiene que los altos costos mantienen a los venezolanos a elegir entre su alimentación y su salud.
“Organizaciones como Cedice Libertad señala en su estudio Inflaciómetro que los precios tienen una variación de un 99% en un lapso de 15 días, tomando como referencia el mes de mayo. Si una familia de cuatro integrantes desea gastar entre 60 productos y servicios, se requeriría un presupuesto de 121 millones de bolívares. El salario mínimo no alcanza para comprar siete productos, ni si quiera la proteína que cuesta 6 millones de bolívares en el caso de la carne de res, lo cual revela lo que organizaciones como Cáritas han expresado que el 50% de los niños del país no ingiere proteínas”.
Crisis humanitaria
Para la diputada es imperante ponerle punto final a esta situación que amenaza la vida de los venezolanos, propensos a la desnutrición, también a enfermar o incluso morir al no poder financiar sus medicinas, por los niveles exponenciales de inflación.
“Estos son daños que produce el régimen de Nicolás Maduro al negarse a la cooperación internacional humanitaria son profundos e irreversibles en la salud de los venezolanos. Por eso instamos a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud a que velen por los derechos fundamentales de los venezolanos”, agrega Bolívar
Asimismo, destaca el rol la Iglesia a través de Cáritas que ha jugado un papel fundamental en el registro de las consecuencias sociales de la crisis humanitaria”, considera Manuela Bolívar.
Por eso, hoy más que nunca, los datos aportados por Cedice y la Encuesta sobre Condiciones de Vida, hecha por la UCAB, USB y UCV “muestra que el país clama por una solución inmediata que permita el ingreso de alimentos y medicinas para así mitigar con las protestas sociales por la imposibilidad de acceder a estos bienes y servicios”, concluye la diputada.