Por Blanca Morel / AFP
La muerte de ocho personas este sábado por ataques de hombres armados en Managua elevó a 178 los decesos en el marco de las protestas antigubernamentales que se iniciaron hace dos meses en Nicaragua y complicó el frágil diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición.
Seis de los fallecidos eran miembros de una familia cuya casa fue incendiada por un ataque con bombas molotov de un grupo de encapuchados armados, informó la Policía en un comunicado.
El incendio de la vivienda, ubicada en el barrio Carlos Marx de la capital, se produjo al amanecer del sábado. Dos de sus habitantes sobrevivieron lanzándose desde un balcón, una mujer que está en estado grave y un niño que ingresó a un hospital con quemaduras, según testimonios de vecinos.
La masacre fue repudiada este sábado tanto por la oposición como por el gobierno, que se acusaron mutuamente de los ataques al reanudarse la mesa de diálogo instalada el viernes.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, constituida por miembros de la sociedad civil, empresarios, estudiantes y campesinos participa “bajo protesta” en la mesa de diálogo “por la represión, violencia y asesinatos ocurridos anoche y madrugada de hoy (sábado), donde una vez más policías, parapolicías y turbas afines al gobierno fueron protagonistas de ataques”, denunció Michael Healy, uno de sus voceros.
“Este acto de terror es un crimen de lesa humanidad y no puede quedar impune”, condenó por su parte el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en Twitter.
El canciller de Nicaragua Denis Moncada negó de su lado responsabilidad en el ataque y acusó a los manifestantes que están en las barricadas. La mesa tenía previsto comenzar a discutir por la tarde una propuesta de acción para avanzar en las negociaciones y conformar una comisión especial para despejar las vías.
El diálogo “abre la posibilidad, al menos teóricamente, de tratar el tema de la democratización”, cuyo alcance dependerá de la voluntad de Ortega de cumplir con los acuerdos, afirmó a AFP el abogado y economista Enrique Sáenz, un disidente sandinista.
Entre las propuestas formuladas por los obispos, mediadores del diálogo, se incluye adelantar las elecciones de 2021 para marzo de 2019. El plan contempla trabajar en la separación de los cuatro poderes del Estado, actualmente controlados por aliados de Ortega, principalmente el Consejo Supremo Electoral.
Los obispos proponen que las reformas constitucionales requeridas para adelantar los comicios entren en vigencia este año y que en ellas se elimine la reelección presidencial para impedir que se vuelva a postular Ortega, en el poder desde 2007.
El mandatario ha expresado su disposición de trabajar por la democratización, pero no se pronunció sobre la oferta de recortar su período presidencial que concluye en enero de 2022.
– Mantendrán presión –
En las conversaciones del viernes, el gobierno aceptó invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Unión Europea a observar la situación de violencia y represión, pese a que se había opuesto inicialmente.
“Lo que Ortega está haciendo es ganar tiempo” en la mesa de diálogo, mientras trata de cambiar la correlación de fuerzas a su favor, aumentando los niveles de represión contra los manifestantes, dijo a la AFP el sociólogo y analista independiente Oscar René Vargas.
Consideró que el mandatario no se va a retirar del diálogo, pero empujará a la oposición a desistir de las conversaciones incumpliendo los acuerdos que allí se adopten.
Para Sáenz, la visita “de organizaciones internacionales de credibilidad como la CIDH” permitirá “mostrar descarnadamente la realidad que está viviendo el pueblo nicaragüense por la represión del régimen”.
La partes también convinieron en crear una comisión especial para analizar cómo levantar los bloqueos que los manifestantes instalaron en las principales carreteras del país para presionar la salida del gobierno de Ortega.
“La única manera en que podemos levantar los tranques es que él se vaya, es la única garantía que tenemos nosotros en estos momentos en Nicaragua”, advirtió la líder campesina Francisca Ramírez en rueda de prensa.
A juicio de Sáenz, los cierres de vías “no pueden quitarse porque son mecanismos de defensa y presión para que Ortega se vaya del poder. Desmontarlos de manera unilateral sin que el régimen desmantele las fuerzas criminales sería entregar el pueblo en bandeja a Ortega”.
– Terror en los barrios –
El diálogo se desarrolla en medio de constantes ataques de fuerzas policiales y paramilitares contra barrios capitalinos que han levantado barricadas, aseguran sus habitantes.
Además del incendio que dejó seis fallecidos, dos empleados de la alcaldía de Managua fueron atacados por encapuchados cuando intentaban despejar una carretera que había sido bloqueada, según la policía. También se reportaron enfrentamientos en la madrugada en León, Tipitapa y Masaya, de acuerdo con la oposición.
Nicaragua vive un clima permanente de protestas desde que comenzaron las manifestaciones contra una fallida reforma de pensiones, que se extendieron por inconformidad con el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.