El sistema de administración de justicia venezolano ostenta en la actualidad el peor de los registros en imparcialidad e independencia al haber claudicado frente a intereses contrarios al ciudadano, que es a quien se debe.
Nota de Prensa
La necesidad de rescatarlo y adecentarlo supone un proceso de reconstrucción al que se refirieron en el foro organizado por la ONG Acceso a la Justicia junto con la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y el Bloque Constitucional, intitulado Reinstitucionalización del Poder Judicial venezolano, celebrado en el Palacio de las Academias el pasado martes 12 de junio.
Las palabras de apertura del presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Gabriel Ruan Santos, dejaron claro que, ante el “secuestro” de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por parte del Ejecutivo, y el intento de ideologizar la justicia para someter a los órganos que la administran, es obligante encontrar un camino que permita su reinstitucionalización para poder pasar la página de los abusos contra la Constitución, las leyes y la ciudadanía, que a la postre han traído el desmantelamiento de la democracia venezolana.
Aporte
Una primera propuesta para la recuperación de la institucionalidad judicial fue presentada por la fundadora y directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza. La abogada destacó que en democracia la justicia se concibe como uno de los servicios públicos esenciales, ya que “sin control judicial de los poderes públicos no hay estado de derecho”, y sin este no hay democracia, que es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela.
Refirió que una prueba de la ausencia de estado de derecho en el país es que la falta de justicia y de un sistema acorde a las leyes y a la Constitución ha permitido el desmontaje del sistema democrático, lo que incluso fue reconocido en el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela, así como en el más reciente del panel de expertos y la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ese sentido, expuso que, aun cuando desde 1999 se cuenta con una Constitución que buscó una mejora en la administración de justicia, la situación se agravó, pues al tiempo que no se cumplieron los nuevos preceptos del texto fundamental el chavismo propició una ruptura con las normas, lo que dio pie al abuso de poder y la ineficiencia.
Partiendo de esta realidad, el planteamiento de reinstitucionalización que plantea la ONG está basado en dos ejes básicos, la independencia judicial y el acceso a la justicia.
En el primero de los principios –detalló Louza– se hace indispensable cumplir con un proceso de nombramiento de jueces y magistrados ajustado a la Constitución, y que responda al mérito, además que estos sean fieles al derecho y sólo se ocupen de lo jurisdiccional y no de lo administrativo. Para lograr la independencia judicial es fundamental la rendición de cuentas.
En el caso del acceso a la justicia, las acciones se orientan a la necesidad de hacer la justicia accesible al ciudadano. Para lograrlo deben masificarse los medios alternativos de resolución de conflictos y eliminar la discriminación por razones políticas.
El proceso además implicaría modernizar la institución judicial, automatizando y haciendo una reingeniería en sus procesos para descongestionar los tribunales y acercarlos al ciudadano.
Valores claves
El abogado especialista en derecho público y derechos humanos, Carlos Ayala Corao, también hizo sus aportes para la recuperación institucional del poder judicial, destacando que la “justicia tiene la peculiaridad de ser un derecho” que exige independencia, imparcialidad y efectividad.
En ese sentido, indicó que la mayoría de las recomendaciones internacionales relativas a la materia en el caso de Venezuela hacen énfasis en la necesidad de independizar a la justicia de la intervención política, para que cumpla con su objetivo primario de proteger al ciudadano.
Como elementos que patentan la intrusión del Ejecutivo en el Poder Judicial, Ayala Corao puso de ejemplo a los jueces provisorios, quienes junto con el retardo procesal y otras distorsiones del sistema llevaron a que actualmente numerosos venezolanos afectados por la falta de justicia en el país recurran a instancias internacionales para encontrar reparación.
Lo dicho se concatena con la ponencia del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Román Duque Corredor, que fue leída por la también exmagistrada Cecilia Sosa. El documento precisa que la despolitización y despartidización de los procesos judiciales es lo que garantizará que el Poder Judicial venezolano sea independiente.
La carrera judicial
En cuanto a las reformas legales que implicará la reinstitucionalización judicial en el país, el también director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, presentó el anteproyecto de Ley del Estatuto de la Carrera Judicial, elaborado por esta ONG con el apoyo del doctor José Araujo Juárez.
El texto de 151 artículos, 7 títulos, 12 capítulos y 15 secciones, privilegia el principio de independencia del sistema de justicia como lo establece la Constitución, a los fines de que ante cualquier intento de intervención o injerencia el poder, en este caso el judicial, detenga a cualquiera de los otros poderes que integran al Estado venezolano.
Entre los elementos introducidos para garantizar este valor, así como “la imparcialidad, neutralidad, idoneidad y profesionalización” de jueces y magistrados investidos de autoridad siguiendo expresamente el proceso establecido en la Carta Magna, se establece la garantía de inamovilidad y su derecho a dejar emitidas sus opiniones a través de instrumentos como el voto salvado, así como que, por otro lado, también sean sometidos a la contraloría social, por ejemplo, con la obligación de presentar la constancia verificada de su patrimonio.
Se estipula además una serie de inhabilitaciones para ser nombrado juez o magistrado, como estar ejerciendo un cargo de elección popular, poseer antecedentes penales o haber sido condenado; y también se crea un régimen de ingreso, a fin de asegurarse que los jueces que hagan carrera judicial se inicien en los tribunales municipales.
La normativa también contempla aspectos vitales para transformar el ejercicio del derecho, y el rendimiento del sistema, con la creación de un baremo de rendimiento, y el establecimiento de un régimen disciplinario acorde con la materia.
Daniels destacó que sería un hito para el país, que a través de esta norma en Venezuela se pase a “tener una carrera de jueces y no unos jueces a la carrera”, como ocurre en la actualidad, haciendo alusión a los magistrados exprés y a los jueces provisionales.
Al término del foro, la exmagistrada Cecilia Sosa concordó en que la falta de justicia en el país es lo que está ocasionando el sufrimiento de la población, por lo que resulta imprescindible reforzar la idea que se debe establecer un sistema de convivencia que coloque primero al ciudadano ante el aparato del Estado.