El ministro de Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo hoy que los agentes que lanzaron gas pimienta el pasado jueves a las personas que se manifestaron contra la privatización del agua en el Congreso enfrentan una investigación administrativa.
EFE
El 14 de junio, las autoridades y cientos de estudiantes de la estatal Universidad de El Salvador (UES) protestaron frente a la sede del Congreso para exigir ser incluidos en la discusión de una ley general de aguas, quienes fueron rociados con gas pimienta por los agentes que custodian el órgano de Estado.
Tras este hecho, varias personas encapuchadas lanzaron objetos contra la fachada del edificio y rompieron las puertas de cristal de uno de los accesos.
“Se inició ese mismo día una investigación administrativa interna, a cargo de la Inspectoría General de Seguridad Pública, por presuntamente haberse aplicado un mal procedimiento”, señaló Ramírez Landaverde, quien señaló que el uso del gas pudo ser un factor que desencadenó la violencia.
Detalló que los agentes investigados son miembros “supernumerarios” de la Policía, que se rigen bajo el reglamento del cuerpo de seguridad aunque no son agentes de carrera y su salario lo cubre el órgano de Estado.
Apuntó que el cuerpo de seguridad y la Fiscalía también tienen abierta una investigación penal por los daños causados al edificio, por lo que realizaron una serie de “inspecciones oculares” en el lugar.
Diversos sectores de la sociedad salvadoreña, entre estos la Iglesia Católica, se han pronunciado en contra de una supuesta privatización del agua después de que los diputados retomaran la discusión para aprobar una Ley General de Aguas.
Según el Órgano Legislativo, los parlamentarios han ratificado los primeros cinco artículos de la normativa que fueron aprobados por la pasada legislatura, los cuales tienen que ver con la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
El principal punto en discordia es la intención de los partidos de derecha de incluir a representantes de la empresa privada en el ANA con un número de votos que, según las organizaciones, le darían el dominio del organismo.
Miles de personas, convocadas principalmente por organizaciones ambientalista, marcharon el sábado pasado por las principales calles de San Salvador para denunciar y rechazar el intento de privatización por parte de la derecha.
El 14 de abril de 2015, el Gobierno de El Salvador decretó una emergencia nacional por la escasez de agua, principalmente en la zona central del país, por una prolongada sequía a causa del cambio climático. EFE