Las Academias Nacionales, de acuerdo a su carácter y naturaleza, deben estar atentas a asuntos relativos al bienestar del gremio científico y académico en particular y la ciudadanía en general, entre ellos, la defensa de derechos humanos y civiles exigida por la sociedad moderna. En consecuencia, es su deber expresar su preocupación por informaciones generadas en el Foro Penal, autoridad en materia penal reconocida así por la colectividad internacional, sobre la detención de miembros de la comunidad universitaria, sin seguir los procedimientos estipulados en la Constitución y leyes de la República. Ya el pasado 10/10/2017 nos pronunciamos al respecto de 8 profesores universitarios detenidos en esas condiciones. Hoy nos referimos a los universitarios y profesionales en ciencias de la salud José Alberto Marulanda Bedoya y Williams Alberto Aguado Sequera, recluidos en Ramo Verde y presentados ante tribunales militares a pesar de su condición civil, quienes habrían manifestado haber sido víctimas de torturas, como también lo habrían sido estudiantes y otros ciudadanos detenidos en condiciones similares.
Nota de Prensa
En el muy reciente “Informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y del Panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, en declaraciones de abogados defensores y organizaciones de gran prestigio en el ámbito de la promoción y defensa de los derechos humanos en nuestro país, se da cuenta repetidamente de la utilización de métodos de tortura extrema en ciudadanos detenidos sin procedimientos ajustados a la ley, inconsistentes con la vigencia del Estatuto de Roma, documento que se especializa en la
vigilancia y penalización de genocidios y crímenes atroces y del cual es signataria la República Bolivariana de Venezuela. La tortura se considera un crimen en el Derecho Constitucional e Internacional, destruye la personalidad de la víctima, degrada su dignidad, deja secuelas que se prolongan en tiempo y espacio y es un método opresivo de intimidación y control, expresamente prohibido en la Declaración Universal de los DDHH.
En tal sentido, las Academias Nacionales hacen un llamado a las autoridades gubernamentales para que revisen las denuncias que habrían presentado las víctimas y de ser este el caso, detengan la utilización de cualquier método de tortura, oficien con urgencia la atención médica de los casos hasta hoy denunciados y liberen a los presos de conciencia, a los efectos de cumplir con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales en la materia.
En Caracas, a los 18 días del mes de junio de 2018.
Horacio Biord Castillo
Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua
Inés Quintero Montiel
Directora de la Academia Nacional de la Historia
Leopoldo Briceño-Iragorry Calcaño
Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Gabriel Ruan Santos
Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Gioconda Cunto de San Blas
Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Humberto García Larralde
Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas
Gonzalo Morales
Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat