La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló hoy al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, como responsable de graves violaciones de derechos humanos en su país y elevó a 212 la cifra de personas muertas en las protestas desde hace dos meses.
EFE
En su informe sobre Nicaragua, la CIDH alertó hoy de un “recrudecimiento de la violencia estatal” en las últimas semanas y avisó de un “patrón” de “uso excesivo y arbitrario de la fuerza letal de forma deliberada” por parte de la Policía Nacional, en colaboración con grupos paramilitares.
“La Comisión concluye que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia”, indica el informe, que fue presentado hoy ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
Entre las conclusiones, se destaca el apoyo de la Policía Nacional a grupos paramilitares, las detenciones arbitrarias y la falta de diligencia en las investigaciones, así como la censura a algunos medios de comunicación y la existencia de obstáculos para la atención médica.
“La Comisión observa con preocupación que un gran número de las muertes habrían sido perpetradas por agentes del Estado directamente, o por medio de grupos de terceros que actúan con su aquiescencia”, dice el informe, que avisa de que algunos fallecimientos tienen “características propias” de ejecuciones extrajudiciales.
Al respeto, la CIDH confirma la presencia de francotiradores con posibles vínculos con el Gobierno y recoge el caso de 35 hombres, de entre 15 y 45 años de edad, que del 19 al 22 de abril sufrieron impactos de bala en cabeza, cuello y tórax, lo que evidencia un intento deliberado de acabar con su vida.
Durante el Consejo Permanente de la OEA, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, rechazó el “parcial”y “subjetivo” informe de la CIDH, ya que cree que se engloba en los intentos por derrocar a Ortega, que gobernó el país entre 1979 y 1990 y fue reelegido en 2006, acumulando actualmente once años en el poder.
Venezuela y Bolivia respaldaron hoy a Nicaragua, mientras que Estados Unidos exigió a Ortega que convoque elecciones anticipadas al considerar que esa es la única vía posible para salir de la situación actual, que comenzó con protestas el 18 de abril y ha desembocado en la crisis más sangrienta desde los años 80.
La Secretaría General de la OEA, dirigida por Luis Almagro, y el Gobierno nicaragüense están trabajando en una serie de reformas electorales, que prevén terminar en enero de 2019.
Almagro explicó hoy que la OEA ha propuesto al Ejecutivo nicaragüense la celebración de comicios presidenciales y parlamentarios en un plazo mínimo de nueve meses y un máximo de 14.
“En la política no tiene sentido prevalecer sobre la voluntad popular, es la voluntad popular la que debe prevalecer. Hay que hacerlo con elecciones, contando los votos. La respuesta debe ser pronto. El tiempo va en contra de Nicaragua, el paso del tiempo significa más represión, más violencia, más muerte”, dijo Almagro.
Las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua están fijadas para el 2021, pero diferentes sectores de la sociedad civil han pedido un adelanto electoral y una reforma constitucional.
Esas peticiones llevaron a la ruptura del diálogo entre el Ejecutivo y la sociedad civil para encontrar una salida pacífica a la crisis política, pero la Iglesia ha adelantado que llamará a reanudar ese proceso, en el que actúa como mediadora, después de la presentación del informe de la CIDH.
El documento recoge las conclusiones de la visita que realizó la Comisión a Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo.
El último día de su viaje, la CIDH publicó un informe preliminar en el que documentaba 76 muertos, 868 heridos y 438 detenidos, una cifra que el organismo elevó hoy a 212 fallecidos hasta el 19 de junio, así como 1.337 heridos y 507 arrestados de forma arbitraria a fecha del 6 de junio.
Antes de presentar hoy las conclusiones del informe, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, solicitó al Consejo Permanente de la OEA un minuto de silencio por respeto a las víctimas.
El documento contiene un anexo con el nombre, la edad y la fecha de fallecimiento de las 212 personas fallecidas en las protestas.