Un total de 15 personas, en su mayoría jóvenes, fueron liberados este viernes en Nicaragua con la mediación de la Iglesia católica luego ser detenidos en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, que cumplieron más de dos meses y han cobrado 212 vidas según organizaciones humanitarias.
EFE
Trece de los 15 detenidos estaban recluidos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote” y como un lugar de torturas, dijo el sacerdote Miguel Mántica, delegado por el cardenal Leopoldo Brenes para la liberación de los jóvenes, junto a la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Los otros dos estaban detenidos en celdas preventivas en estaciones policiales de Managua, indicó. La entrega de los detenidos a sus familiares fue realizada en el jardín trasero de la Catedral Metropolitana de Managua, con la presencia de algunos religiosos de iglesias de diferentes municipios de la capital nicaragüense.
Los jóvenes, que estuvieron detenidos en “El Chipote”, una de las cárceles de máxima seguridad en la dictadura de los Somoza, fueron abrazados por sus madres y otros familiares quienes lloraban de emoción al verlos con vida.
Uno de los casos más conmovedores fue el de Anastasia Espinoza Centeno, una anciana de 96 años, que esta semana se plantó en las afueras de “El Chipote” para exigir la libertad de su nieto Bernardo Jarquín Urbina, de 27 años.
Ambos se fundieron en un fuerte abrazo ante una nutrida presencia de periodistas. Jarquín Urbina fue detenido por agentes policiales cuando regresaba a su casa tras acompañar a su abuela a cobrar la pensión de vejez.
“No queremos que haya más detenidos, no queremos que haya muertos, no queremos que haya más heridos, ojalá que nos encaminemos de otra manera”, abogó el sacerdote Mantica.
Nicaragua cumplió este viernes 66 días desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Daniel Ortega también como presidente, y que ha acabado con la vida de al menos 212 personas, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.