Las fuerzas de seguridad venezolanas son sospechosas de la muerte de cientos de manifestantes y acusados de crímenes disfrutan de inmunidad judicial, lo que indica una “virtual ausencia” del estado de derecho en el país, dijo el viernes Naciones Unidas.
La oficina de derechos humanos de la ONU pidió al gobierno que lleve a los perpetradores ante la justicia y dijo que enviaría su informe a la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo fiscal abrió en febrero una investigación preliminar sobre supuestas violaciones.
El informe de la ONU mencionó relatos “creíbles e impactantes” de asesinatos extrajudiciales de hombres jóvenes durante operaciones de lucha contra el crimen en barrios pobres, llevados a cabo sin órdenes de arresto. Las fuerzas de seguridad habrían manipulado la escena para que pareciera un intercambio de disparos, dijo.
El Gobierno venezolano rechazó el informe y dijo que fue realizado con “una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una Oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad”.
Además aseguró en un comunicado que toda la información oficial que el Gobierno suministró fue “intencionalmente descartada” para “construir una grotesca farsa mediática en esta materia, en alianza con otros actores multilaterales al servicio de Washington”.
Los críticos culpan a Maduro de recurrir a tácticas cada vez más autoritarias, mientras la economía del país miembro de la OPEP se hunde cada vez más en la recesión y la hiperinflación, alimentando el descontento e impulsando a cientos de miles a emigrar el año pasado.
Alrededor de 125 personas murieron en protestas antigubernamentales en el 2017.
“El fracaso a la hora de responsabilizar a las fuerzas de seguridad por violaciones tan graves de los derechos humanos sugiere que el estado de derecho está virtualmente ausente en Venezuela”, dijo en un comunicado Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. “La impunidad debe terminar”.
En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Zeid pidió al foro de 47 miembros que establezca una comisión de investigación sobre presuntas violaciones en Venezuela, uno de sus estados miembros.
“Ha llegado el momento de que el Consejo use su voz para hablar antes de que esta trágica espiral descendente se vuelva irreversible”, dijo Leila Swan, de la organización no gubernamental Human Rights Watch, en un comunicado el viernes.
El impopular Maduro ha presentado la liberación de decenas de miembros de la oposición como un gesto de paz después de su reelección a un nuevo mandato de seis años el mes pasado, que fue condenado por la mayoría de las naciones occidentales como una farsa antidemocrática. Su gobierno niega que los detenidos sean presos políticos.
Venezuela está sufriendo un colapso económico que incluye una escasez crónica de alimentos y medicinas y una inflación anualizada de alrededor del 25.000 por ciento. Maduro culpa a una “guerra económica” dirigida por la oposición y Estados Unidos, que ha impuesto nuevas sanciones a la industria petrolera venezolana.
En tiempos de la fiscal general anterior, Luisa Ortega Díaz, quien huyó del país el año pasado, se cree que estaban siendo investigados 357 funcionarios de seguridad por muertes relacionadas con delitos, pero desde entonces no ha habido información pública, según el informe de la ONU.
Un obstáculo clave fue que la oficina de investigaciones científicas, criminales y forenses que está a cargo de las investigaciones también es “presuntamente responsable de la mayoría de las muertes”, indicó.
Por Stephanie Nebehay / Reuters