Delcy Rodríguez, figura entre los 11 responsables venezolanos a los que la Unión Europea (UE) impuso este lunes las nuevas sanciones acordadas a raíz del proceso del 20 de mayo.
AFP
Los europeos imputan a Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro desde el 14 de junio, sus acciones al frente de la Asamblea Constituyente: “usurpación de las competencias” del parlamento venezolano y “su utilización para atacar a la oposición”.
El actual ministro venezolano de Educación, Elías José Jaua Milano, también está sancionado por sus acciones como presidente de la Comisión Presidencial de la oficialista Asamblea Constituyente, que la UE no reconoce, por “socavar la democracia y el Estado de Derecho”.
Los europeos imponen medidas a tres responsables del Consejo Nacional Electoral (CNE) por “facilitar la institución de la Asamblea Constituyente ilegítima y manipular el proceso electoral” en Venezuela.
Los sancionados con la prohibición de viajar y la congelación de activos en el bloque son su vicepresidenta, Sandra Oblitas, su secretario general, Xavier Antonio Moreno Reyes, y una de sus miembros, Socorro Elizabeth Hernández.
A Fredy Alirio Bernal Rosales le acusan de la “manipulación, con fines electorales, de la distribución de alimentos” al frente del centro nacional de abastecimiento CLAP y de “violaciones de derechos humanos” como comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Por su parte, en el apartado de “violaciones de los derechos humanos”, la UE sanciona al actual vicepresidente de Economía y ministro para Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami, en su anterior cargo como supervisor de la dirección del SEBIN.
Por el “excesivo uso de la fuerza, detenciones arbitrarias y abusos contra miembros de la sociedad civil y de la oposición”, los 28 sancionan al ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Sergio José Rivero Marcano, actual inspector de la Fuerza Armada Nacional bolivariana.
Los europeos reprochan también el uso de la fuerza y “malos tratos a los detenidos” al comandante general del Ejército Bolivariano, Jesús Rafael Suárez Chourio. Al jefe de la dirección general de la Contrainteligencia Militar (DGCIM), Iván Hernández Dala, también se le acusa de reprimir a la sociedad civil.
La undécima persona sancionada este lunes es la vicefiscal general, Katherine Harrington, a quien responsabilizan de incoar procesos penales “motivados políticamente” y omitir la “investigación de denuncias de violaciones de los derechos humanos”.