La alianza opositora en Nicaragua prepara nuevas acciones para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega, mientras el diálogo con el gobierno permanece estancado y crece la violencia, que deja más de 212 muertos en dos meses.
Maria Isabel SANCHEZ / AFP
Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -grupos de la sociedad civil-, están reunidos este martes para definir estrategias, luego de que el lunes reanudaron, sin avances, conversaciones con el gobierno bajo mediación de la Iglesia.
Las pláticas volvieron a estancarse pues Ortega -cuyo tercer mandato consecutivo concluye en enero de 2022- aún no responde a la propuesta de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019, como solución a la grave crisis del país.
“Esta semana los nicaragüenses demostraremos la unidad que tenemos como pueblo, la presión desde las calles es lo que nos tiene en la mesa de diálogo”, dijo el líder estudiantil Lesther Alemán, al asegurar que preparan nuevas acciones para presionar al gobierno.
La Alianza Cívica busca aprovechar que están en el país misiones de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Si nos reprimen tendremos testigos”, agregó Alemán.
Ortega, exguerrillero izquierdista de 72 años, es acusado por la Alianza de reprimir brutalmente las protestas e instaurar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el nepotismo y un gobierno autocrático.
“No ha respondido a la propuesta. Hasta ahora no vemos voluntad del gobierno”, dijo José Adán Aguerri, presidente del gremio de empresarios que, hasta esta crisis, fue aliado de Ortega y ahora forma parte de la Alianza opositora.
Murillo, una extravagante mujer de 67 años, con enorme poder en el gobierno, dijo este martes estar “orando por la paz” y celebró los operativos que están desmontando las barricadas.
– Pánico en las calles –
Los grupos de derechos humanos locales divergen en el número de cifras de muertes que dejan las protestas desde que empezaron el pasado 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, y que luego se extendieron para pedir la renuncia de Ortega.
Según un informe difundido este martes por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), al menos 285 personas han muerto -entre ellas menores de edad-, 1.500 resultaron heridas y hay 156 desaparecidas.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), precisó a la AFP que había verificado hasta el domingo 212 muertes y están confirmando posibles fallecimientos de las últimas horas.
Fuerzas combinadas de la policía, parapolicías y paramilitares continúan entrando a pueblos y ciudades para remover enormes barricadas montadas por manifestantes con adoquines, y que tienen semiparalizado al país.
“La represión ha aumentado” desde que comenzaron a operar “estos grupos paramilitares, reprimiendo, torturando, asesinando y violentando los derechos humanos”, dijo a la AFP el secretario ejecutivo de la ANPDH, Alvaro Leiva.
El pánico que siembran en Nicaragua esos hombres encapuchados, fuertemente armados y vestidos de civil, ha provocado virtuales toques de queda en varias ciudades, incluso en la capital.
En los últimos días se multiplicaron las demandas al Ejército por parte de sectores críticos a Ortega para que intervenga en el desmantelamiento de estos grupos armados ilegales.
“Creo que están a la espera de un momento más oportuno políticamente, una vez que avance el proceso del diálogo”, comentó a la AFP la experta en asuntos de defensa y seguridad, Elvira Cuadra.
“No vemos voluntad”
El presidente de CEN, cardenal Leopoldo Brenes, viajó este martes a Roma acompañado del obispo de la Arquidiócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, para informar al papa Francisco sobre la situación y el avance del diálogo.
Las mesas de diálogo entre gobierno y la Alianza Cívica no trabajaron este martes, pero la misión CIDH se encontró con ambas partes para tratar temas de seguridad y derechos humanos.
“El llamado de la CIDH es muy fuerte y claro: hay que cesar todo acto de represión”, declaró en Managua María Claudia Pulido, secretaria adjunta del organismo.
La presión contra Ortega aumentó con el informe que el viernes presentó la CIDH ante el Consejo Permanente de la OEA, el cual denunció la “represión estatal” y consignaba hasta el 19 de junio 212 muertos.
La delegación de la Unión Europea en Nicaragua dijo tomar muy en serio el informe de la CIDH e hizo un llamado a cumplir “el cese de violencia y toda represión”.
Ortega llegó al poder en 1979 como uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza, y volvió al gobierno por la vía electoral en 2007.