El Senado argentino fijó para el 8 de agosto el histórico debate de una ley para despenalizar el aborto que fue aprobada por Diputados en medio de una fuerte movilización de la sociedad.
AFP
El 14 de este mes el proyecto obtuvo 129 votos a favor, frente a 125 en contra y una abstención, en la Cámara baja en su primera discusión parlamentaria.
En el Senado, tradicionalmente más conservador, las voces a favor y en contra atraviesan a todos los partidos políticos.
El presidente liberal Mauricio Macri impulsó un debate parlamentario que había fracasado en gobiernos anteriores, aunque se manifestó “en favor de la vida”.
Si el Senado rechaza el proyecto, no podrá ser presentado nuevamente hasta el año próximo. Si en cambio lo aprueba pero con modificaciones deberá volver a la Diputados para su aprobación final.
El proyecto legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación a solo requerimiento de la mujer, que podrá acceder a la práctica en forma gratuita en todos los centros de salud públicos y privados.
Luego de la semana 15 habilita el aborto sólo para casos de violación, imposibilidad de vida extrauterina o riesgo de salud para la mujer.
Para que la ley sea aprobada, se necesitan los votos de la mayoría de los presentes.
Aunque prevalecen por ahora las opiniones en contra en el Senado, al menos una decena de indecisos entre sus 72 integrantes serán quienes sellen la suerte de la ley.
Manifestaciones en favor y en contra llenaron las calles de Buenos Aires los últimos meses y volverán a convocarse de aquí a la fecha de debate.
La Iglesia Católica ha desplegado toda su influencia para impedir que se apruebe la ley en el país del papa Francisco. Incluso nombró a un delegado especial para el diálogo con los legisladores.
También se unió a otros credos en oraciones interreligiosas en oposición a la ley.
En América Latina, el aborto sin restricciones es legal en Uruguay y Cuba. También está permitido en Ciudad de México.
En casi todos los demás países solo puede practicarse en caso de riesgo de vida para la mujer, cuando hay inviabilidad del feto o si el embarazo es producto de una violación. En El Salvador, Honduras y Nicaragua está prohibido por completo.