Dos años después que se abriera la primera mina en Venezuela se ha registrado una perdida de 200 hectáreas de bosque desde diciembre de 2016 a abril de 2017, reseña TheConversation.com.
La deforestación y la contaminación por el uso de mercurio se han extendido hasta Parque Nacional Canaima, a pesar de ser un área protegida por la ley venezolana. Las corporaciones internacionales y los militares venezolanos son los responsables por ley de proteger esta zona y serían los culpables de la devastación ambiental, de acuerdo con los expertos en el área.
Sin embargo, los principales grupos ecologistas, incluidos Greenpeace y World Wildlife Fund (WWF), han guardado silencio.
Por su parte, la organización MiningWatch Canada aun no han declarado sobre la participación de Gold Reserve, una empresa minera de oro con sede en el estado de Washington, en el Arco Minero del Orinoco, más allá de un tímido tweet tras recibir presiones para que se pronunciara sobre la asociación entre la corporación minería canadiense y el régimen venezolano.
Pero estos activistas ecologicos globales, por lo generalmente, son bastantes ruidosos. Entonces ¿qué podría estar detrás de este sorprendente silencio?
Illegal mining within the Canaima National Park in #Venezuela, a World Heritage Site designated by @unescowhc.@NicolasMaduro gov’t is responsible for this ecocide. We should raise our voices against this ecocide @UNEnvironment @UN #sosOrinoco pic.twitter.com/wMXllDOC6Q
— SOS Orinoco (@SOSOrinoco) 22 de mayo de 2018