Esta fecha marca una escisión decisiva entre la complicidad y el miedo, entre la resignación y la resistencia, entre el oportunismo y la valentía, entre el fraude y la verdad. A pesar de hacer creer que no ha pasado nada, el gobierno tiránico de Maduro sabe que está desnudo.
La comunidad internacional democrática rechaza la legitimidad de las supuestas elecciones presidenciales plagadas de irregularidades, ventajismo, coacción e intimidaciones, sin adversarios reales, cuyo ejercicio careció de las más mínimas garantías para asegurar un voto libre, universal, secreto, que eligiera verdaderamente al mejor candidato en la preferencia de los electores.
Fiel a su vocación autocrática, el ilegítimo usurpador de la presidencia en Venezuela ordena soltar a “políticos presos” que han cometido “actos de violencia” y han sido “juzgados por la justicia siguiendo los debidos procesos”. Busca legitimarse de algún modo. Aunque sea incapaz de aceptar la evidencia. Se trata de presos políticos, detenidos arbitrariamente, convertidos en rehenes del régimen, algunos desde hace meses con boletas de excarcelación de tribunales, que son ignoradas, muchos víctimas de desaparición forzosa y luego presentados golpeados, torturados, sometidos a tratos crueles y degradantes.
Están sin derecho a la defensa, sin siquiera haber tenido después de varios años de reclusión impuesta audiencias preliminares o sin haber sido previamente juzgados, o, cuando ha sido el caso, obligados a aceptar defensores públicos impuestos por jueces inmorales o aterrados de las consecuencias de administrar justicia oportuna, imparcial y transparente
El 29 de mayo, un Informe de la Secretaría General de la OEA sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, muestra en 409 páginas, con pruebas contundentes e irrebatibles que provocan náuseas, como señala en TalCual G. San Blas (7-6-2018), el horror, la extrema maldad, la crueldad psicopática, las indecibles torturas, violaciones y otras prácticas perversas de violencia sexual contra presos políticos, asesinatos extrajudiciales y de manifestantes inermes por los cuerpos de seguridad del Estado y paramilitares.
Este documento clave, no solo para el país sino para la comunidad internacional en el plano ético y político, en época global de justicia frente a delitos que jamás prescriben cuando se violan derechos inalienables, recoge parte de los atropellos cometidos desde 2013. Persecución y judicialización por el solo hecho de pensar diferente, por defender los derechos humanos de la gente. Sordera e insensibilidad deshumanizada de los personeros del régimen empezando por su cabeza visible, que repiten la misma retórica mentirosa, se victimizan, culpan a los otros, inventan excusas para no asumir sus responsabilidades.
El 6 de junio de 2018 ocurre en la Asamblea General de la OEA una decisión histórica. Se aprueba una resolución que desconoce por ilegítima la reelección de Maduro como presidente, la ilegitimidad de la anc y la tragedia de magnitud incalculable de la mayoría de la población en Venezuela.
Estas victorias requieren de urgente estrategia unitaria, más allá de las apetencias personales o partidistas, con un propósito común y superior de todos los actores demócratas ¿Hasta cuándo hay que rogar a la dirigencia, jefes de partido y a la AN, que se conviertan en líderes auténticos, como Nelson Mandela en Suráfrica, con madurez política y visión de largo plazo, para lograr una transición hacia la democracia, el desarrollo económico y la inclusión social sin más demagogia ni tácticas clientelares ni populistas?