Aquí mismo escribí en febrero pasado “La coalición de los sensatos”. El argumento de aquella nota era que en paralelo a la proliferación de “ismos” diversos—los nacionalismos, populismos y racismos en auge—también habían llegado al poder políticos reflexivos. Son aquellos que ejercen su liderazgo con una cierta estética. Son los que no gritan ni descalifican, argumentan. Los que no imponen sino que persuaden.
Son políticos esencialmente racionales, pues en política toda solución es de segundo orden de preferencia. Por lo cual no dan órdenes, negocian. Así fomentan la conversación educada, ese es el juego iterado de la democracia. Y en ello también reside una cierta ética: el respeto por el ciudadano, a quien ven como un ser autónomo y crítico, no como una pieza de algún sistema de dominación clientelar.
Con Iván Duque, Colombia acaba de elegir a uno de esos políticos. El problema es que buena parte de la conversación post-electoral va por otro lado, soslayando esta fundamental virtud del presidente electo. Su sensatez y pragmatismo, ya exhibidos durante cuatro años en el Senado, quedan opacados detrás de una narrativa que trata de dirimir una cuestión, sino ofensiva, trivial: si en la presidencia será una marioneta de Uribe o un traidor a Uribe, según se lee y se escucha con demasiada frecuencia.
Ni lo uno ni lo otro, seguramente. La controversia en cuestión interpela a Duque en relación a los acuerdos de paz con las FARC: si los va a anular, presumiblemente obedeciendo a Uribe, o si, traicionándolo, los mantendrá. Es un planteo que no refleja la verdadera discusión, el auténtico desafío para el país y para el nuevo gobierno: cómo mantener la paz sin impunidad.
Las señales de Duque han sido, en este sentido, de sensatez—justamente—y ecuanimidad. Para quienes ven la política en sentido geométrico, Duque se ha situado en el centro. Expresó con claridad que no llegaba para hacer “trizas” el acuerdo de paz pero que el mismo reclama “correcciones para que las víctimas sean el centro del proceso, para que no haya repetición”.
Ni lo uno ni lo otro entonces. El presidente electo planteó la introducción de reformas en la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, la cual establece penas alternativas a la cárcel y una amplia amnistía para combatientes.
Nótese que su posición es cercana a la de Human Rights Watch, ONG que ha solicitado a la Corte Constitucional subsanar defectos actuales que permitirían a criminales de guerra eludir la rendición de cuentas y el castigo. Al mismo tiempo, HRW también peticionó a la Corte otorgar una participación genuina a las víctimas en dichas actuaciones judiciales.
Más allá de lo jurídico y de los derechos humanos, la posición de Duque no puede sorprender desde el punto de vista político. Por un lado porque así lo especificó en su plataforma electoral. Es saludable cuando una sociedad vota un programa y los políticos electos mantienen lo prometido; ocurre con menor frecuencia de la necesaria.
Por el otro lado, porque este punto recoge una deficiencia de origen en el proceso de paz, la cual se deriva del hecho que en el plebiscito por el mismo ganó el “no”. Ello fue exclusiva responsabilidad del presidente Santos, quien politizó y aún electoralizó el tema desde el mismo comienzo. Ello le privó del tan necesario consenso para un acuerdo cuya significación institucional y simbólica es equivalente a una constitución.
La diferencia fue de solo 40 mil votos, pero el punto vale: a nadie se le ocurriría aprobar una constitución con un empate, mucho menos someterla a plebiscito antes de contar con un amplio y sólido apoyo en una asamblea constituyente. Pero Santos siguió adelante. El mensaje fue y sigue siendo que más de media sociedad colombiana quiere otro tipo de acuerdo de paz, lo cual no significa que quiera la guerra. Duque no hace más que recoger dicho mensaje.
En cuanto a la Colombia del futuro, estas grandes realizaciones cuasi constitucionales se inscriben en un sistema político en transición. La coalición de centro-derecha se consolida con la fórmula electa; el Partido Liberal tal vez esté en proceso de disolución; y el nuevo progresismo—también “sensato”—que expresan Fajardo y López parece haber llegado para quedarse. La competencia en la izquierda será con Petro, cuya base de sustentación no son los 8 millones de votos que reclama. En una segunda vuelta muchos de esos votos son siempre prestados.
Este nuevo escenario subraya el tema del comienzo. En un sistema que genera una cierta incertidumbre, con un acuerdo de paz por confirmarse y partidos en fluctuación, el mejor ejemplo lo está dando el presidente electo. Bajo dichas condiciones, siempre es aconsejable la sensatez.