La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) pidió hoy al Gobierno redoblar las medidas para prevenir, proteger e investigar los asesinatos de los líderes sociales.
EFE
“La Misión de la OEA reitera su llamado al Gobierno Nacional para redoblar las medidas de prevención, protección e investigación oportuna para evitar la impunidad en estos casos, así como a adelantar acciones para evitar la estigmatización y favorecer el reconocimiento de la labor de liderazgo comunitario”, detalló la organización en un comunicado.
El número de víctimas varía según el organismo que los contabilice, pero el director del cuerpo elite de la Policía para la protección de líderes sociales, coronel José Restrepo, aseguró que al menos 178 de estos activistas han sido asesinados en el país desde noviembre de 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.
Sin embargo, el balance más preocupante es uno de la Defensoría del Pueblo, según el cual entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 fueron asesinados 311.
Asimismo, la Misión exhortó a “hacer efectiva la presencia del Estado y garantizar la seguridad en los territorios”.
Una nueva oleada de violencia contra defensores de derechos humanos ha alarmado al país en la última semana, en la que han sido asesinados al menos cinco de ellos en diferentes regiones del país.
Al respecto, la MAPP/OEA “lamenta y repudia” esos homicidios, al igual que “la continuidad de las afectaciones contra representantes de organizaciones comunales, étnicas, campesinas, de víctimas y defensoras de derechos humanos”.
“Preocupa a la Misión la persistencia de asesinatos, amenazas, atentados, desplazamientos y estigmatizaciones contra los liderazgos sociales, principalmente de base local y rural, como las Juntas de Acción Comunal”, se agregó en la información.
Asimismo, el organismo lamentó que la situación provoque que “la participación ciudadana y los procesos organizativos por la defensa de los derechos se estén debilitando”, lo que considera que genera un impacto negativo en “los profundos esfuerzos de construcción de paz” de los colombianos.