La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua expresó hoy su “profunda preocupación” por el bajo nivel de efectividad que ha logrado hasta ahora el diálogo nacional, con el que se espera superar una crisis sociopolítica que ha dejado más de 300 muertos en este país.
EFE
En un pronunciamiento, esa comisión advirtió que de persistir las posiciones antípodas entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en ese foro, mediado por la Conferencia Episcopal, el perdedor será el pueblo de Nicaragua.
“El diálogo nacional es un instrumento que se nutre para ser efectivo de voluntad política y visión de nación y, fácil de adulterar por posiciones maximalistas, falta de garantes, mediadores que en ocasiones son igualmente partes”, criticó ese ente.
Asimismo, esa comisión, creada por la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el oficialismo, reprochó además “jugar al largo plazo como factor de cansancio o al inmediato arropado de triunfalismo reciente, comprometerse y no cumplir, diálogo como escudo de desestabilización o como lanza para guardar el orden público”.
Por tanto, a su juicio, es necesario invitar a los organismos multilaterales y regionales a participar como garantes en el diálogo, que se reanudará el lunes próximo.
“Aquí debe jugar un rol importante las organizaciones multilaterales y regionales, misma que además debe ser extendido en la investigación de las causas y de los casos lamentables, en especial con los fallecidos”, indicó.
Destacó que los organismos internacionales y regionales pueden delegar especialistas en métodos alternos y solución de conflictos.
El Episcopado llamó al Gobierno de Daniel Ortega y a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a reiniciar el diálogo nacional el próximo lunes con el fin de superar la crisis.
Mientras, esa comisión de la Verdad tiene un plazo de tres meses, que termina el 5 de agosto próximo, para investigar los muertos, heridos, desaparecidos, encarcelados y torturados durante las violentas protestas acontecidas desde el pasado 18 de abril, según el mandato del Parlamento.
La comisión está integrada por el sacerdote franciscano Uriel Molina Oliú; la líder miskita Mirna Cunningham; el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), Jaime López Lowery; el subprocurador de derechos humanos, Adolfo Jarquín, y el académico e intelectual Cairo Amador.
Esa Comisión ha sido criticada por diversos sectores que dudan de su trabajo y su independencia, ya que fue creada exclusivamente por diputados afines al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, que ha dejado 309 muertos y más de 2.500 heridos, según el último reporte de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), el martes pasado.
Desde entonces, las autoridades y los organismos humanitarios han confirmado al menos seis muertos más.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.