Un juez de segunda instancia canceló el domingo una orden de liberar al expresidente Luíz Inácio Lula da Silva emitida sorpresivamente por otro magistrado, en un folletín político-judicial que sacudió a Brasil a las puertas de las elecciones presidenciales de octubre, en las que el líder de la izquierda es favorito.
“Determino que la autoridad coautora” de la orden y la Policía Federal “se abstengan de practicar cualquier acto que modifique la decisión colegiada” del tribunal, escribió en su despacho el juez Joao Pedro Gebran Neto, encargado de la operación anticorrupción Lava Jato en el tribunal TRF4 de Porto Alegre (sur).
Previamente, el juez de guardia de esa corte de apelaciones había expedido la orden para liberar a Lula, de 72 años, que desde el 7 de abril cumple una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero en la sede de la Policía Federal de Curitiba (sur).
Esa orden, que tomó por sorpresa a todo el mundo, estipulaba que la liberación de Lula debía tener lugar en “régimen de urgencia, en el día de hoy”.
La decisión del juez de guardia Rogério Favreto del TRF4, la corte de apelaciones que aumentó de nueve años y medio a 12 años y un mes la pena de cárcel para el expresidente (2003-2010), aceptaba una demanda de Habeas Corpus presentada el viernes por varios diputados del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).
Y argumentaba que su encarcelamiento, “ilegal e inconstitucional”, no podía restringir los derechos políticos ni los “actos inherentes a la condición de precandidato” de Lula.
Inmediatamente después de esa orden, y pese a estar oficialmente de vacaciones, el juez de primera instancia Sergio Moro, el que condenó a Lula en julio de 2017, afirmó que Favreto carecía de competencia para ordenar la liberación y pidió formalmente al juez Joao Pedro Gebran Neto, “el relator natural del caso”, que tomara cartas en el asunto para “revocar” la medida.
“El juez federal de guardia, con todo el respeto, es una autoridad absolutamente incompetente para sobreponerse a la decisión del colegiado” del TRF4 y también “del plenario del Supremo Tribunal Federal”, que ya negó la liberación de Lula recientemente, adujo Moro en su despacho.
La Fiscalía General también pidió a la corte de apelaciones suspender la concesión del Habeas Corpus por considerar que el juez Favreto no tiene competencia para liberar a Lula y que no hubo ningún acto “ilegal” en la orden de prisión decretada por Moro.
– “¡Lula libre!” –
“¡Lula libre ahora!” se podía leer en la cuenta de Twitter del exmandatario poco después de que se publicara la orden de liberación.
Los mensajes de júbilo de figuras destacadas del PT pasaron a ser de descalificación de los jueces una vez suspendida la orden.
“Gebran, el relator de vacaciones, que no está de guardia y por tanto no tiene autoridad para determinar cualquier acción judicial, en colusión con la Policía Federal, quiere mantener a Lula preso. ¡Rotas las garantías constitucionales y de derecho! ¡Todos a Curitiba, todos a las calles!”, proclamó en Twitter la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, en Twitter.
“La decisión judicial precisa ser obedecida, aunque contraríe la posición del juez federal de Paraná (Sergio Moro) que oficialmente está de vacaciones y no podría manifestarse”, dijo, de su lado, la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en 2016.
Unos 500 manifestantes se concentraron con banderas de “Lula libre” a las puertas de la sede policial en Curitiba, observó un fotógrafo de la AFP.
Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista ofrecido por la constructora OAS, a cambio de mediaciones para obtener contratos en Petrobras.
El expresidente, imputado en otros seis casos, niega que ese apartamento sea suyo y considera su condena parte de un complot de las élites para que no pueda volver al poder.
Aunque hubiera sido liberado, la candidatura de Lula debería ser invalidada por el tribunal electoral al estar condenado en segunda instancia, según la ley brasileña.
Lula lidera todas las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre, con un tercio de las intenciones de voto.
por Carola SOLÉ/AFP