La Contraloría de Ecuador estableció por segunda ocasión indicios penales contra el expresidente Rafael Correa, esta vez por el supuesto mal manejo de papeles de deuda de corto plazo entre 2012 y 2017, según el organismo.
AFP
La Contraloría aseguró este lunes que bajo el pasado gobierno fueron usados Certificados de Tesorería (Cetes) para pagar obligaciones adquiridas con instituciones públicas y privadas.
Estos papeles sustituyeron bonos de deuda vencidos y fueron colocados a un plazo mayor a los 360 días establecidos en la ley.
Existe “un informe con indicios de responsabilidad penal enviado a la Fiscalía, que contiene observaciones que involucran a un conjunto de funcionarios, entre otros al expresidente”, señaló el contralor Pablo Celi en rueda de prensa.
Los Cetes, explicó, se usan para “solventar deficiencias temporales de caja o con el objetivo de mejorar la liquidez de la economía”.
Sin embargo, durante el gobierno de Correa (2007-2017) “estos dos objetivos no se cumplieron en todos los casos, puesto que se usó certificados de tesorería en calidad de dación de pago de obligaciones que mantenía el Estado”, declaró.
Añadió que un decreto emitido por el exmandatario “permitió una modificación reglamentaria ajena” a la ley.
Según el contralor, la colocación de Cetes no fue registrada como deuda y se estima que las operaciones fueron aproximadamente entre 1.700 millones y 2.300 millones de dólares.
El exmandatario reaccionó al anuncio de Celi en su cuenta de Twitter: “Sigue el payaso y la payasada. ¿Hasta cuándo aguantará esto el pueblo ecuatoriano? ¿Por qué la prensa no comienza pidiendo el nombramiento legal del ‘contralor’? Todo es cuestión de tiempo”.
Este es el segundo informe realizado por la Contraloría en el que se establecen responsabilidades penales contra Correa, sobre quien también pesa una orden de prisión preventiva por el presunto secuestro de un exdiputado opositor en Colombia en 2012.
En su primer reporte, la Contraloría halló indicios penales contra Correa por un supuesto endeudamiento externo público por encima del 40% permitido por la ley, tras la implementación de un decreto que “afectó el cálculo de la relación deuda-PIB”.
Correa dispuso en octubre de 2016 que se aplique un manual del Fondo Monetario Internacional (FMI) para estimar el monto de la deuda frente al PIB, lo que disminuyó el porcentaje del pasivo-PIB y le permitió adquirir más préstamos.
Celi advirtió que la Contraloría tiene en curso otros tres exámenes del endeudamiento durante el gobierno de Correa, quien sostiene que se trata de maniobras para sacarlo de la vida política en medio de su enfrentamiento con su sucesor y exaliado el presidente Lenín Moreno.