Un pedido de la Fiscalía de llevar a juicio al expresidente Carlos Mesa desató una tormenta política en Bolivia y alimentó denuncias de que el mandatario Evo Morales quiere deshacerse de un posible rival en las elecciones de 2019.
AFP
El fiscal general Ramiro Guerrero requirió el lunes al Tribunal Supremo de Justicia que abra un juicio al exgobernante de 64 años, argumentando que durante su mandato (2003-2005) quitó las concesiones mineras a la empresa chilena Quiborax en el Salar de Uyuni, lo que ocasionó un daño al país.
Quiborax demandó a Bolivia en 2006 ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Este falló a favor de la empresa, que finalmente cobró hace un mes 42,6 millones de dólares de indemnización.
Según el gobierno de Morales y la Fiscalía, el decreto de Mesa tenía fallas que favorecieron a la compañía chilena e imposibilitaron la defensa boliviana ante el CIADI.
Pero líderes opositores afirmaron que la decisión de llevar a juicio a Mesa obedece a una estrategia de Morales, en el poder desde 2006, de recurrir a cualquier mecanismo para eliminar a todo rival que amenace su aspiración de conseguir un nuevo mandato en las urnas el próximo año.
Mesa “está sufriendo los embates de la guillotina judicial de Evo Morales”, que está “criminalizando a la oposición”, afirmó el exmandatario Jorge Quiroga (2001-2002).
“El juicio al expresidente Carlos Mesa muestra el abuso del que es capaz este gobierno. Nuestra solidaridad ciudadana con Carlos y con todos los perseguidos políticos del gobierno”, declaró el acaudalado empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina.
El partido opositor del poderoso gobernador de Santa Cruz Rubén Costas también expresó su solidaridad “con el expresidente Carlos Mesa por la clara persecución política judicial de la que es víctima”.
“Si es candidato, Evo pierde…”
“No quiero pensar que iré a la cárcel, pero estoy consciente que puede ocurrir. Por supuesto que me preocupa y me asusta, pero estoy con la convicción de quien lucha por una causa justa”, declaró Mesa a la radio Fides este miércoles.
Mesa es un historiador y periodista que se desempeña además como vocero de Bolivia en la demanda presentada por Morales contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en busca de una salida al océano Pacífico.
Aunque no está en campaña electoral, los analistas piensan que si lanza su candidatura complicaría las opciones de Morales en 2019, pues las encuestas le dan un alto nivel de apoyo y podría aglutinar a la oposición boliviana.
“Eso le preocupa al gobierno y por eso tratan de desacreditarlo”, dijo a la AFP el analista Carlos Cordero.
“Si Carlos Mesa es candidato y toda la oposición se alinea, partidos y plataformas ciudadanas, Evo Morales pierde y eso el gobierno lo sabe”, declaró a la AFP el analista Iván Arias.
Mesa ha cuestionado la intención de Morales de postularse a un cuarto mandato consecutivo (para el periodo 2020-2025), arguyendo que esa posibilidad fue rechazada en un referendo nacional en 2016.
Pero en un polémico fallo, en noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional dio luz verde a una nueva candidatura del mandatario indígena izquierdista, argumentando que de lo contrario se lesionaban sus derechos humanos.
“Que se defienda”
El oficialismo salió al paso de las críticas negando que la justicia sea instrumentalizada con fines políticos.
La ministra de Comunicación, Gisela López, dijo en Twitter que el juicio de la fiscalía “es por el pago de 42M (millones) que nuestro país perdió por su aberrante violación de normas que benefició a una empresa chilena”.
“Deje de hacer política en la plaza y defiéndase en el juzgado”, lanzó en dirección del expresidente.
“Nadie está persiguiendo a Carlos Mesa, si es inocente que se defienda”, dijo a su vez el diputado oficialista Javier Quispe.
Según el procedimiento legal, si el Tribunal Supremo acepta la petición de la Fiscalía debe solicitar al Parlamento que autorice el juicio de responsabilidades.
La oposición afirma que tanto el fiscal general como los magistrados del máximo tribunal están alineados con el gobierno.
Si dos tercios de los 166 miembros del Congreso aprueban el juicio (Morales cuenta con esos votos), la fiscalía inicia el proceso, aunque no se ha informado cuánto tiempo tomaría.