El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) considera que en Ecuador se produjo un “giro de 180 grados” a favor de la libertad de prensa con la llegada a la Presidencia de Lenín Moreno, respecto a la situación bajo su antecesor, Rafael Correa.
EFE
Así lo publica hoy en el primer informe anual sobre el país desde 2011, en el que el CPJ subraya que “Moreno aleja a Ecuador del camino de la represión de los medios emprendido por (Rafael) Correa”, quien concluyó sus funciones como presidente en mayo de 2017, tras una década en el poder.
“Las conclusiones principales son que se siente una oportunidad en cuanto a la libertad de prensa en Ecuador. Se siente un cambio en el aire, en la retórica antiprensa, pero hay mucho que hacer, falta acción”, explicó a Efe Natalie Southwick, investigadora asociada y coordinadora del Programa de Centroamérica y Suramérica en ese organismo.
La autora del informe junto con John Otis, corresponsal del Comité para la región andina, apunta que en el corto plazo Ecuador debería acometer una serie de medidas para equipararse a los cánones internacionales.
Entre ellas, que se completen las reformas propuestas a la Ley Orgánica de Comunicación antes de fin de año, según el compromiso adquirido por el Gobierno, que contempla la eliminación de la Superintendencia de Comunicación, y que se elaboren nuevos códigos de seguridad para periodistas, a propósito del caso del equipo ecuatoriano secuestrado y asesinado en abril en Colombia.
La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) data de 2013 y fue promovida por Correa con el objetivo declarado de impedir la mala praxis periodística, aunque cercenó de facto la libertad de prensa al incorporar sanciones administrativas y penales a los profesionales y propietarios de medios de comunicación.
En mayo Moreno envió a la Asamblea Nacional (Parlamento) una propuesta para reformar dicha legislación que contiene 80 modificaciones y que se encuentra bajo tramitación.
“La Presidencia y la Asamblea deben reformar la Ley de Comunicación antes de finalizar el año tomando en cuenta varias opiniones”, resaltó hoy Southwick en una rueda de prensa.
La presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, confirmó hoy que el proyecto de la Ley de Comunicación se encuentra en proceso de análisis en la Comisión de Derechos Colectivos.
Dijo que “se está trabajando muchísimo en este tema” y que espera que el Legislativo pueda analizar un documento que contenga diferentes propuestas en agosto, antes del receso vacacional, “sin tener un apuro por aprobar” porque quieren “contemplar un texto que sea lo más completo”.
La Superintendencia de Comunicación es considerada por las organizaciones que defienden la libertad de prensa como “juez y parte” de un sistema sancionador que cercenó a medios y periodistas durante el último lustro.
El informe reconoce, sin embargo, que “ha permanecido mayormente inactiva durante el mandato de Moreno, una actitud al parecer intencional”.
El documento fue presentado hoy en una rueda de prensa en Quito e incide en que una de las claves que ha sido catalizador del aperturismo de Moreno respecto al ejercicio de los medios ha sido su declarada lucha contra la corrupción.
“El presidente Moreno quiere combatir la corrupción y sabe que la prensa independiente es clave para investigar los hechos”, subraya Southwick.
Otro aspecto que menciona el documento es que a la luz del momento que se abre en el país con el cambio de tendencia, “Ecuador ofrece un ejemplo positivo y a la vez una advertencia a otros países de Latinoamérica y del mundo que han incrementado el control sobre los medios y la censura en los últimos años”.
Refleja que la voluntad del Ejecutivo de Moreno de “interactuar con los periodistas y los defensores de la libertad de prensa y escucharlos está cambiando el tono del debate sobre los medios”.
Para Carlos Martínez de la Serna, director de programa del CPJ, “el debate en torno a la libertad de prensa y cómo proteger, regular o sancionarla está en el corazón de lo que quiera ser Ecuador en los próximos años”.
Y agrega que la reestructuración del sector “requiere una inversión en tiempo”, pero que el país puede “pasar de ser de los más represivos a ser un modelo”. EFE