Venezuela se ha convertido en un centro regional de delincuencia, con profundas consecuencias para América Latina y más allá. Y con otro término de Nicolás Maduro, las raíces del crimen organizado en ese país se extenderán aún más, de acuerdo con lo reseñado por The New York Times.
Por: Jeremy McDermott | The New York Times
El régimen chavista está cavando. Políticamente, sobrevivió a las protestas de 2017. La lealtad de los militares aseguró que el presidente Maduro pudiera eludir la Asamblea Nacional controlada por la oposición, rechazar a los manifestantes y organizar una elección presidencial absurda en mayo, dándole seis años más en el cargo. La última hoja de parra de la democracia ha caído.
El Sr. Maduro ahora es mantenido por un régimen con sospechas de profundas raíces criminales. Está rodeado de personas involucradas en actividades delictivas, como el vicepresidente Tareck El Aissami y el ministro del Interior, Néstor Reverol, ambos objetivos de las sanciones de Estados Unidos. En mayo, Washington agregó a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y el hombre fuerte del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, a la lista de sanciones.
No existe una definición clara de lo que constituye un estado mafioso, pero el hecho de que el crimen organizado toque la vida cotidiana de todos los venezolanos y haya penetrado el más alto nivel de las instituciones estatales, califica fácilmente a Venezuela. El gobierno de Maduro tiene poca cooperación bilateral o internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional y cuenta con funcionarios estatales prominentes que facilitan y protegen la actividad delictiva.
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