La emigración venezolana (también conocida como la diáspora bolivariana), se refiere a la emigración de venezolanos, de su país natal durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, debido al establecimiento de la revolución bolivariana. Inicialmente, venezolanos de clase media alta y clase alta emigraron durante el gobierno de Chávez, luego, venezolanos de clase media y baja comenzaron a irse a medida que las condiciones en el país empeoraron.
Éste es uno de los países más violento del mundo. Nos movemos en una economía deletérea y criminógena, que desgarra sin misericordia los bienes y servicios, dejando a los demás una nación verdaderamente devastada.
Recientemente, el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, dijo que el índice de delitos en el país se redujo en 27% en lo que va de año, en comparación con el mismo período de tiempo en 2017. Reverol indicó, que la tasa de homicidios disminuyó 26%. El Ejecutivo atribuye parte de este logro al recién creado “Frente Preventivo”, que contribuye al descenso de los índices delictivos a través de jornadas de formación, deporte y recreación en el territorio nacional.
Haciendo un análisis de lo dicho por el Ministro y la implementación de la Política represiva policial del Estado Venezolano, puedo describir que han pasado por el Ministerio del ramo ¡17 ministros en 19 años!. ¡12 con Chávez! y ¡5 con Maduro! se han aplicado ¡29 planes o dispositivos de seguridad ciudadana!. Todos reactivos mas no preventivos, y pasamos de tener un índice de 4.550 asesinatos en el año 1998 a 26.616 para el año 2017, por lo que, termino diciendo que no han conseguido la fórmula para detener, controlar y administrar la mancha criminal.
Venezuela, registró 89 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en 2017, lo que se traduce en 26.616 víctimas, un descenso de casi un 3% respecto a las cifras del año anterior y mantiene al país petrolero en el segundo lugar en la lista de países más peligrosos del mundo, encabezada por “El Salvador”
¡El Ministro miente! y reacciona derivado de lo que acontece. No hay una continuidad en la política criminal, no hay a largo plazo una política diseñada, que se mantenga a través de los cambios. Cuando cambian al Ministro, pasamos de un programa a otro cada vez más incoherente y desarticulado de la realidad.
En un país, donde el Estado se reserva el control de armas y municiones, los homicidios no cesan, aun cuando este delito se ha visto disminuido en comparación con el año 2017. Concuerdo por primera vez, que el delito de homicidios ha bajado en el primer semestre del 2018. Pero, no por las políticas públicas, ni por la prevención. Desde mi análisis cuantitativo y cualitativo, se debe a que los ciudadanos circulan menos en ciertas horas por las calles del país y frecuentan menos sitios. Además, de que existe migración de antisociales a otros países y migración de un tipo de delito a otro. Se le miente a la sociedad, no se toman en cuenta variables en el estudio totalmente nuevas sobre el manejo de “La Mancha Criminal” Por lo que, es infeliz decir, que es producto de los esfuerzos en materia policial.
El análisis del Ministro, se queda en lo cuantitativo, en lo policial, es decir, en lo represivo, ¿dónde queda lo preventivo, educacional, cualitativo? Le recuerdo al ciudadano Ministro, que los índices criminales no son aritméticos, son geométricos, las variables de conductas humanas se deben posicionar en tiempo, modo y lugar a decir método “cartesiano”
Le enseño ¡Sr. Ministro! consiste en realizar cuatro tareas básicas:? 1) verificar si existen evidencias reales e indudables acerca del fenómeno o cosa estudiada; 2) analizar, o sea dividir al máximo las cosas, en sus unidades de composición, fundamentales, y estudiar esas cosas más simples que aparecen; 3) sintetizar, o sea, agrupar nuevamente las unidades estudiadas en su conjunto real; y 4) enumerar todas las conclusiones y principios utilizados, a fin de mantener el orden del pensamiento,
¡Lo que no dice el Ministro! Es que la criminalidad en Venezuela durante el año 2017, estuvo asociada a la disolución sistemática del “Estado de Derecho” como mecanismo regulador, tanto de las relaciones sociales, como del acceso a los bienes y servicios y al Poder.
Se pudo observar un notable incremento de la violencia del “Estado” tanto en el uso desproporcionado y extrajudicial de la fuerza para el castigo y control del delito, como en el uso ilegítimo de la fuerza, para la represión de la protesta social y política de los ciudadanos. Creando la “bóveda del miedo” en todos los niveles y categorías de la sociedad. “Y al que hable me lo tuerces, sino lo matas” ¡Por cierto vieja práctica de los 60 y 70!
“Muertes violentas” en el territorio nacional. Este concepto ha mutado en el hecho social, se define como la suma de las muertes ocurridas bajo cada una de las tres categorías siguientes: 1) Homicidios legalmente establecidos (16.046); 2) Resistencia a la autoridad o enfrentamientos (5.535); y 3) Averiguaciones de muerte o ajustes de cuentas (5.035), para un total de (26.616 fallecidos), lo que arroja una tasa de 89 muertes por cada 100.000 habitantes.
Es muy difícil, interpretar unívocamente la leve disminución, que ha tenido la tasa nacional de muertes violentas en el año 2017 y lo que va del 2018. Sin embargo, hay algunas hipótesis que se pueden adelantar para la interpretación de estos datos.
La primera y más fuerte. ¡En el país hay menos homicidios porque hay menos homicidas! La disminución de los criminales sería una resultante del plan de exterminio de los homicidas, llevado adelante por las acciones gubernamentales como las Operaciones de Liberación del Pueblo y que se encuentran reflejadas en las altas cifras de fallecidos por resistencia a la autoridad en los años 2016 y 2017.
Unos afirman que bajaron los homicidios, porque les dieron de baja a los delincuentes y otros se quejan de los abusos y de las personas inocentes, que han fallecido en medio de tales acciones, que en cualquier caso son siempre ilegales y extrajudiciales.
Una segunda hipótesis. ¡Una paz criminal! que no reduce el delito, pero sí logra hacerlo con la violencia, bien sea por acuerdos de cooperación criminal o porque algunas bandas logran imponerse sobre otras (llamado a elecciones); disminuyendo el nivel de conflictividad y aumentando la racionalidad en la administración criminal de la violencia.
Una tercera hipótesis. ¡El empobrecimiento, la inflación y la escasez de los alimentos que ha llegado a la sociedad delictiva! haciéndoles migrar a otros estados y países. Situaciones muy extremas y dolorosas, para el criminal que no habían sido imaginadas ni en los momentos más difíciles de la economía nacional.
Una cuarta hipótesis. ¡Nuevas formas de violencia adquirieron relevancia! es conocida como ¡la mutación de delitos amateur! o “delitos” de “bagatela o golilla” son aquellas conductas humanas delictivas, que por su poca significancia no constituyen una seria afectación al interés público y social, cuando el bien jurídico que se protege es de poca monta o menor relevancia.
Recientemente la “Asociación Civil Compromiso” realizó un estudio de campo en las ciudades de Maracaibo y San Francisco, donde 1.712 personas víctimas de un hecho punible en los últimos 6 meses, 203 fueron víctimas del robo de sus lentes, cosméticos y/o correctivos de marca. Por lo que, representa un 11,85% de este fenómeno delincuencial. Creando además a los “Cocos Secos” como nueva conducta social, a decir el delincuente nuevo que se gana “el cartel” con tareas de homicidios puntuales.
En consecuencia, uniendo ambos conceptos, se podría afirmar caprichosamente que los “delitos de bagatela” son una migración del delito a otras áreas. Puesto a que ya teléfonos móviles casi no quedan en las ciudades, se han dado cuenta que los lentes de sol de diferentes marcas; Bolle, Ray Ban, Oakley, entre otros, se han vuelto una mercancía fácil de adquirir en el día a día del acto criminal.
Otro fenómeno migratorio o mutante, es la venta del cono monetario como mercancía, y los modos nuevos de venta en efectivo y por transferencia, como así también el alquiler de periféricos (puntos de venta) con exagerada suma del mismo, y por supuesto no deja de salir como variable, la migración en la participación de estos eventos funcionarios policiales y militares participando como carteles de la comida, medicina, billetes y extorsión ante los nuevos tipos penales.
En Venezuela, los diversos estudios realizados, tanto por las universidades como en las encuestas de victimización del gobierno nacional, han mostrado que entre el 62% y el 66% de los delitos no son denunciados a la policía. Así lo deja ver el Observatorio Venezolano de Violencia. Números que concuerdan con nuestra investigación hasta un 66%. Este es otro fenómeno que no tomó en cuenta el sr ¡Ministro!
La participación de los funcionarios policiales y militares en la comisión de robos, secuestros, tráfico de drogas y homicidios constituye una grave pérdida para la sociedad. 6 de cada 10 delitos son cometidos por estos funcionarios. Y uno de cada cinco homicidios es cometido por funcionarios policiales o militares.
De manera tal, que el Estado se ha quedado con la parte represiva, como dirían Zaffaroni, Baratta, Lolita Aniyar de Castro. Cuando la parte represiva es la que impera y no lo preventivo entonces eso origina violencia, porque el derecho penal es violencia simbólica, entonces violencia reaccionando con más violencia no nos lleva a ninguna solución.
La solución está en la parte del abordaje social y excluir la represión penal, violencia con más violencia no da resultado, se han sustituido valores en la sociedad, hay impunidad, hay un desmantelamiento de las instituciones, hay un disfuncionamiento del sistema de administración de justicia penal, hay un reduccionismo de la ley, la misma ha perdido su vigencia.
El común del ciudadano ya no respeta la ley, ha dejado de aplicar el espíritu de la norma para que no funcione y sea aceptado en nuestro contrato social, desde un punto de vista sicosocial se ha demostrado a través de las investigaciones que todo esto incide en el aumento de la violencia superflua. Venezuela puede salir de este problema diseñando una Política Criminal del corte científico donde Criminólogos, Sociólogos, Psicólogos, Abogados Penalistas y Penitenciarios, reestructurando y saneando el Sistema Judicial Penal, actualizando a la realidad venezolano el COPP y Código Penal; respetando la aplicación del derechos humanos.
Entonces, el Estado venezolano debe invertir en el control social, usando un despliegue de tácticas y estrategias para buscar la legitimación y asegurar el consenso entre los integrantes de la sociedad y dejarse de pendejadas idealistas que están fuera de moda y establecer de una vez una “Política Criminal”
Gervis Medina
Abogado-Criminólogo