Las víctimas de la masacre en Las Vegas (oeste de EEUU) fueron demandadas por el hotel desde donde un hombre disparó contra la multitud que asistía a un concierto el 1 de octubre de 2017.
AFP
MGM Resorts, a la que pertenece el Mandalay Bay, introdujo los recursos en una corte de Las Vegas y otra de Los Ángeles, el viernes.
El grupo, que tiene una decena de los gigantescos casino/hoteles en la capital del juego, dijo a la AFP este martes que busca una solución “rápida” contra miles de personas, sobrevivientes o familiares de víctimas, que demandaron o expresaron interés en hacerlo por su eventual responsabilidad en la mayor masacre ocurrida en la historia reciente de Estados Unidos.
Aseguró que no está buscando recibir ninguna compensación monetaria con estos procesos.
El recurso destacó que unas 2.500 personas demandaron o han dicho que demandarán al grupo por negligencia y MGM quiere que desistan.
La compañía se resguarda en la ley federal de Seguridad (en inglés: ‘Safety Act’), que “proporciona protecciones y recursos para las víctimas de actos de terrorismo o tiroteos masivos donde, como es en este caso, se proporcionaron servicios de seguridad certificados por el Departamento de Seguridad Nacional”.
La noche del 1 de octubre de 2017, Stephen Paddock, un hombre estadounidense blanco de 54 años, disparó contra el público que asistía a un festival de música country al aire libre: 58 personas murieron y más de 500 resultaron heridas.
Paddock disparó desde su habitación en el piso 32 del Mandalay, en donde se hospedó con un arsenal de armas largas.
Se quitó la vida antes de que llegara la policía.
El abogado Robert Eglet, que representa a algunas víctimas, dijo que esta demanda de MGM Resorts era “lo más escandaloso visto en 30 años de carrera” y aclaró que la empresa contratada para el festival Route 91 -la CSC- “no proporcionaba seguridad para el Mandalay Bay” durante y antes del tiroteo.
El grupo de apoyo de las víctimas Route 91 Strong, dijo estar “profundamente entristecidos” por esta acción contra muchas víctimas que aún están traumatizadas e incluso “al borde del suicidio” y otras que “perdieron sus empleos, sus hogares”.
La acción fue altamente criticada en redes sociales.