Las más recientes informaciones periodísticas sobre infames favores en procesos judiciales y oscuras componendas para nombramientos de jueces y fiscales en el país por parte del Consejo Nacional de la Magistratura -entidad encargada de su
selección- han mostrado con crueldad la corrupción del sistema y de la más absoluta falta de ética de magistrados al momento de resolver -incluso- sobre asuntos tan sensibles para la opinión pública, como es el delito de feminicidio y aquellos otros de violencia sexual.
El escándalo no sólo ha involucrado a jueces sino que han comprometido hasta el Ministro de Justicia, quien ha tenido que renunciar inmediatamente conocido unos audios en los que lo compromete, para evitar que el escándalo no perjudique a la estabilidad del propio gobierno del presidente peruano, Martín Vizcarra, y lo deje expuesto a la vergüenza de la sociedad por dirigir al Estado en forma fútil habida cuenta que no sólo no tiene una agrupación partidaria que lo sostenga sino que se
encuentra totalmente huérfano de cuadros políticos sólidos que sean capaces de responder ante una opinión pública asqueada de la inmoralidad.
El gobierno de Vizcarra se enfrenta a una situación muy delicada pues no sólo se le exige profundas indagaciones y el cambio radical de un sistema de administración de justicia muy controvertida, sino que en ese escenario tendrá que manejarse hábilmente con una mayoría parlamentaria que, aunque no le es afín, tampoco le ha sido -hasta estos meses de su gobierno- tan adversa y cuya profundidad investigativa podría herir susceptibilidades de sus líderes políticos.
El desafío de seguir exacerbándose los ánimos ciudadanos tras las revelaciones de supuestos negociados, expone al presidente Vizcarra a un ocasional aprieto de ser, igualmente, escudriñado en una interminable y enredada historias de tramas
que terminarían por dinamitar la legitimidad del propio Estado.
Situación muy peligrosa, pues, si lo que se pretende es que salgan todos, como así lo reclaman los titulares de algunos medios de comunicación exponiendo a los arrebatos de ciertos periodistas y de grupos políticos más radicales ¿quiénes elegirían o designarían a las autoridades? ¿acaso serían las organizaciones de la sociedad civil cuando fueron ellas mismas las que eligieron a gran parte de los integrantes del aquel Consejo Nacional de la Magistratura? o ¿acaso que los magistrados sean
designados sólo por los miembros de la Corte Suprema de Justicia o por la Junta de Fiscales?
Pero en estas últimas semanas hemos visto que algunos medios -cegados quizás más por sus propios intereses empresariales- vienen encolerizando aún más los ánimos ciudadanos atribuyéndosele ya algunos líderes políticos responsabilidades en los escándalos y azuzando enconos sin contar aun con las evidencias suficientes.
No digo que la prensa no deba exponer públicamente los hechos. Por el contrario, debe hacerlo y entresacar los aspectos que responden al interés colectivo y en forma independiente. Es decir, debe informar y enriqueciendo el conocimiento de la colectividad con la ventaja que supone el ver los hechos desde el privilegiado sector que ocupa en la tribuna. Pero debe hacerlo con celo. No alcanza con “colocar unas cuantas bombas” para provecho de unos y condena de otras. Eso no sirve a
la función de informar.
Tenemos la urgencia de contar con un gobierno fuerte, enérgico y dinámico que nos conduzca hacia el desarrollo que la ciudadanía demanda; pero, por supuesto, dando un profundo viraje de aquellos innecesarios discursos provocadores tanto de
políticos como de la propia prensa, sin dejar de sancionar drásticamente los actos de corrupción. Esto es lo que legitima el Poder ante los ojos de la ciudadanía.