El Senado uruguayo exigió este martes al Gobierno de Daniel Ortega el “cese inmediato de la violencia” contra el pueblo de Nicaragua, donde la crisis sociopolítica ha dejado más de 350 muertos desde abril.
EFE
La moción, que fue aprobada por unanimidad, condena de forma “enérgica” la “reiterada violación de los derechos humanos”, así como a las “libertades fundamentales”.
En el texto, los senadores alentaron a que se “proceda a identificar a los responsables” de las violaciones a los derechos humanos, a través de los “procedimientos legales correspondientes”.
Asimismo, el documento insta al “Gobierno de Nicaragua y a todas las partes a que participen de buena fe en el diálogo nacional”.
La “mejor garantía de estabilidad democrática”, según la moción del Senado, es la celebración de elecciones libres, justas y oportunas en un ambiente libre de “miedo, intimidación, amenaza o violencia”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, pero el Estado nicaragüense lo niega.
El Gobierno de Ortega acusa a los manifestantes de ser grupos terroristas. La vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, dijo el lunes que ni el “terrorismo” ni los “diabólicos” podrán gobernar Nicaragua, en referencia a los detractores del Ejecutivo que a su juicio intentan derrocar al Gobierno.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega siendo presidente.
Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.