El foro del Monitor de Víctimas llamado “¿Qué derechos? Una aproximación a la violencia policial en Caracas” tuvo lugar la tarde de este jueves 19 de julio de 2018, en las instalaciones del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j. de la Ucab (sede Montalbán). Todo en el marco de la inauguración de la exposición fotográfica “Código 62: Retratos contra la impunidad”, a cargo del fotoperiodista Gabriel Osorio.
Código 62 muestra los efectos “desgarradores e irreverentes de las políticas de mano dura sobre las familias venezolanas, en su mayoría de los sectores más vulnerables y excluidos. A través de retratos y relatos, esta exposición habla de una realidad que pretende ser ocultada por el mismo Estado responsable, pero también… es un homenaje a la valentía de Orfavideh –Organización de Familiares de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos-”.
La actividad, en consecuencia, responde a la iniciativa de Caracas Mi Convive, movimiento socio-cultural que busca generar y articular organización comunitaria para prevenir la violencia y construir una ciudad de convivencia. Todo bajo la dirección de Roberto Patiño —su cofundador, además miembro del partido Primero Justicia— en alianza con Orfavideh.
El evento contó con las intervenciones de Santiago García, coordinador de los proyectos “Vamos, Convive” y “Monitor de Víctimas”; Juan Francisco Mejías también de “Monitor de Víctimas”; Verónica Zubillaga, socióloga experta en temas de violencia; y Lorena Meléndez, periodista de investigación de Runrunes.
La profesora Zubillaga dio a conocer el estatus más reciente de los operativos militarizados en la era post Chávez; gracias a un trabajo de investigación que la ONG Reacin (Red de Activismo e Investigación por la Convivencia), donde ella funge como principal vocera, ha estado llevando a cabo de la mano con Caracas Mi Convive.
Los cimientos de este sondeo, según la profesora Zubillaga, datan del año 2017, cuando la entonces Fiscal General de la República (Luisa Ortega Diaz) denunció la ruptura del hilo constitucional; alegando que solo en el 2016 alrededor de 21 752 personas murieron de manera violenta. Y, de esa cifra, 4 667 cayeron en manos de los cuerpos de seguridad del Estado.
Lo que indica que este último, el Estado, fue responsable del 21% de las muertes, en un escenario donde los asesinatos se comenten, en 87% de los casos, con armas de fuego. Una de las proporciones más elevadas en América Latina, después de Puerto Rico.
Con relación a la actuación de la Policía Nacional Bolivariana, la especialista expresó que, en principio, con la Comisión Nacional de la Reforma Policial lo que se buscaba era crear un cuerpo de seguridad que respetase los derechos humanos y se abstuviese al uso progresivo de la fuerza.
Sin embargo, y así lo hizo saber la socióloga, lo que se observa hoy es un cambio si se quiere hasta simbólico; porque pasaron de tener un uniforme beige a una vestimenta gris, de camuflaje, que deja entrever un conjunto de acciones criminales, de guerra. Esto, de acuerdo a lo dicho por la experta, está relacionado con un desplazamiento de la seguridad ciudadana por la imposición de un paradigma de la seguridad militar; donde precisamente los militares tienen un papel fundamental.
La profesora Zubillaga aclaró, además, que para comprender la violencia que se vive hoy es necesario señalar al Estado como un actor protagónico causante, por supuesto, del proceso de militarización de la seguridad ciudadana que se exacerbó con la llegada al poder del actual presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.
La militarización es pues un mecanismo que garantiza la soberanía estatal en un contexto donde la escasez, la hiperinflación, la baja de los precios petroleros y un sinfín de precariedades están a la orden del día; sin dejar por fuera las históricas redadas policiales en los barrios, sucesos que se pueden comprender mejor si se clasifican en dos fases.
La primera puede denominarse “Punitivismo carcelario”, que inicia a partir del año 2010 con una nueva ronda de operativos militarizados que le dieron pie a las operaciones “Madrugonazo al Hampa” y “Patria Segura”. Y la segunda se cataloga “Matanza Sistemática”, que junto a data dura e información compilada de discursos que han dado funcionarios, así como estadísticas arrojadas por el Ministerio público y visitas a las comunidades afectadas por los operativos policiales, ha permitido entender la dinámica que rige el Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).
Lorena Meléndez, por su parte, presentó el estudio “OLP: La Máscara del Terror en Venezuela”, que se alzó con el premio del Concurso de Periodismo de Investigación de IPYS Venezuela; y así explicó cómo funcionaban los operativos que contaban con la participación de policías y militares, quienes poseían en su haber carros blindados, helicópteros, armas de guerra, dispositivos electrónicos y “máscaras de la muerte”.
La investigación, en ese sentido, arrojó que los “colectivos” eran quienes ejecutaban a los presuntos delincuentes, para tomar el control de determinados territorios. Y de esta manera, según Santiago García, liberarlos. “Se trata de una lógica muy básica: si los criminales están armados, nosotros tenemos que amarnos. Si los criminales son violentos, nosotros tenemos que ser violentos… Es la típica frase ´plomo al hampa´”, agregó García en aras de contextualizar a la audiencia presente.
Meléndez mencionó que las OLP actuaban de madrugada, en medio de la oscuridad; ingresaban forzosamente a la propiedad privada; sometían y aterrorizaban a los habitantes, con tratos crueles y degradantes; maltrataban a los familiares de las víctimas; y hasta robaban y destruían propiedades e inmuebles.
¿Pero cuál eran los objetivos de las OLP que la propaganda gubernamental difundió? La periodista señaló que, para el Estado, estas operaciones no solo tenían el fin último de combatir la delincuencia, sino también las acciones de aquellas organizaciones paramilitares que ellos relacionan con la oposición y —por extensión— vincularon con delitos que iban desde la extorsión hasta el contrabando de extracción.
Mélendez, así mismo, indicó que —por ejemplo— en algunos de estos operativos realizados en las Misiones Vivienda se llegaron a incautar alimentos; porque se consideraba que si una familia tenía más de cierto número de productos, incurría en actos contrabandistas. Es decir, eran unos “bachaqueros”.
Por lo que “estas operaciones lo que buscaban eran sembrar el terror en los ciudadanos de las zonas más pobres, porque eran operativos que se daban dentro de las zonas populares… de cada Estado”, acotó Meléndez. Además afirmó que en dos años las consecuencias de estos hechos se pueden traducir en 44 masacres, de las cuales solo se han registrado 4 funcionarios fallecidos. Lo que ha abierto, a la fecha, 1 074 investigaciones contra oficiales de seguridad.
La exposición fotográfica, valga acotar, permanecerá en el piso 3 del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j. hasta el 30 de septiembre de este año; y Caracas Mi Convive continuará organizando actividades que no buscan más que una denuncia clara a la impunidad y a la violencia.