Autoridades de Nicaragua han capturado a cientos de personas de forma “arbitraria”, por su participación en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, denunciaron este lunes organismos de derechos humanos.
AFP
Pobladores, estudiantes y familias enteras son víctimas de persecución, captura o secuestro por asistir a marchas opositoras o tener un gesto humanitario hacia quienes se oponen al gobierno, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Entre los detenidos está el líder del Movimiento Estudiantil de Masaya, Cristian Fajardo, y la universitaria Valeska Sandoval, una de las alumnas que se refugió en la iglesia Divina Misericordia de Managua durante un ataque de paramilitares a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) el 14 de julio.
La directora Ejecutiva del Cenidh, Marlin Sierra, dijo que la cantidad de personas detenidas no es exacto porque los capturan un día, los liberan y capturan a otros.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) recibió denuncias de familiares de 150 personas capturadas y un número igual reportadas como secuestro.
En tanto, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) recibió quejas de unos 700 detenidos.
“Imploramos en nombre de Dios que se detenga la cacería de jóvenes (…) No es posible criminalizar al pueblo por protestar y tratarlo como terrorista”, clamó durante la homilía del domingo el arzobispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
En medio de las protestas contra el gobierno de Ortega, el parlamento controlado por el oficialismo aprobó la semana pasada una polémica ley contra el terrorismo que castiga con 15 a 20 años de prisión a quien participa en actividades contra el gobierno.
Sierra consideró que esas capturas ilegales son un nuevo “patrón de agresión” con el objetivo de provocar “terror” en la población, y para eso usan a fuerzas paramilitares y a los llamados Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) que existen en cada barrio.
Los dirigentes de los CLS son los responsables de levantar listas o señalar a las personas opuestas al gobierno, añadió Sierra.
El secretario de la ANPDH, Álvaro Leiva, calificó las capturas de “una cacería de jóvenes” por participar o apoyar las protestas e incluso por ir a las marchas (opositoras) o poner expresiones contrarias al gobierno en sus perfiles de redes sociales.
Leiva consideró las detenciones como “secuestros” porque los paramilitares no tienen base legal para este tipo de acciones, y organismos internacionales de derechos humanos han pedido su desarme.
Ortega, con 11 años en el poder, afronta la peor crisis política por manifestaciones opositoras que en tres meses deja más de 290 muertos y una demanda generalizada de su salida del poder, junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.