A la fecha, las medidas abarcan debates en organismos multilaterales, y exhortos al Gobierno, así como sanciones a altos funcionarios e informes que documentan la emergencia humanitaria, pero también durante este año se han sumado sendas investigaciones por parte de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El inicio de las averiguaciones ha puesto la lupa sobre el país en áreas muy específicas, y es lo que les estamos presentando en dos infografías que muestran el proceso que están siguiendo ambos organismos.
En el caso de la fiscalía de la CPI, tras múltiples comunicaciones e informes documentados de presuntos crímenes de lesa humanidad, ésta decidió por iniciativa propia realizar un examen preliminar sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones de 2017.
A su vez, la OIT autorizó conformar una comisión de encuesta por las violaciones cometidas por el Gobierno de convenios internacionales referidos a libertad sindical, consulta tripartita y fijación de salarios mínimos.
Estos procesos están en su etapa de inicio, y en ninguno de los dos hay tiempo límite para su culminación, pero representan parte de los esfuerzos globales en la resolución de la crisis venezolana, y la asignación de responsabilidades por la ingente crisis que azota al país.
