Ante el retardo procesal y la impunidad en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya respecto a las denuncias sustentadas por distintas organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que han consignado en contra de Nicolás Maduro y sus colaboradores por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Walter Márquez Presidente de la Fundación El Amparo presentó el “Plan La Haya” con la consigna de que “haya justicia en La Haya”, para sumar estrategias y voluntades exigiendo celeridad procesal y enjuiciamiento de los responsables por parte de la justicia internacional en los casos relacionados con Venezuela. Esta propuesta cuenta con el aval de la diputada Gaby Arellano de la Asamblea Nacional, la Fiscal Luisa Ortega Díaz, el Constitucionalista Jesús Caldera Infante, entre otros.
Nota de prensa
De acuerdo a la información ofrecida por el parlamentario nacional jubilado y defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, este plan tiene como objetivo fundamental definir e implementar, estrategias procesales, jurídicas, diplomáticas, sociales, comunicacionales y organizativas, para la aplicación de la justicia oportuna en La Haya para las víctimas de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de Derechos Humanos del régimen de Nicolás Maduro, para lo cual “le he hecho llegar copia del mismo a varias organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional y al nuevo presidente de Colombia Iván Duque Márquez, con la intención de sumar voluntades que exijan la inmediata administración de justicia en La Haya, porque la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, se ha convertido en cómplice y encubridora de la grave crisis humanitaria que está afectando a Venezuela por la falta de alimentos y medicinas y que ha originado un éxodo masivo de millones de venezolanos”.
Márquez atribuye la demora procesal en la CPI a los obstáculos y dádivas de la embajadora de Venezuela en La Haya, Haifa El Aissami, hermana del ex vicepresidente y exministro de justica Tarek El Aisaami, que mantiene un lobby permanente junto con otros altos funcionarios del régimen de Venezuela, “por lo que es indispensable que los países aliados de los demócratas venezolanos, entre ellos la Unión Europea, que tienen 28 países miembros del Estatuto de Roma, más los 15 integrantes del Grupo de Lima, se unan para hacer un intenso trabajo diplomático y exigir una recta administración de justicia por parte de la Corte Penal Internacional para el enjuiciamiento y castigo de los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela encabezado por Nicolás Maduro”.
Destacó Márquez que el “Plan La Haya” contiene una serie de acciones estratégicas y operativas “para que de forma inmediata se impulse la celeridad procesal y se ordene la investigación y el posterior enjuiciamiento de Nicolás Maduro como responsable de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país.
Presencia de Maikel Moreno
En cuanto a la visita de Maikel Moreno como presidente del Tribunal Supremo de Justicia en la CPI en la Haya, en Holanda, el pasado 17 de julio en la celebración de los 20 años del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, considera Márquez que es “una burla, un irrespeto y una afrenta a la justicia internacional”.
Recordó Walter Márquez que la presencia de Moreno también representa una violación a los acuerdos del Parlamento y de la Unión Europea, que sancionó a altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo al presidente del TSJ, quien a la cabeza del máximo tribunal del país ha sido cómplice y encubridor de las políticas represivas del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil y de la oposición venezolana.
En este sentido manifestó que “el gobierno de Holanda tiene responsabilidad al haber permitido la entrada a este funcionario que debió haber quedado preso en esa instancia internacional, como es la CPI, porque él es corresponsable por omisión de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro, el alto mando civil y militar, como lo han señalado los informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentados en agosto del año pasado y en junio de este año, al igual que el informe de los expertos especiales de la OEA que concluyeron en mayo del presente año, que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad”.
Todos esos crímenes –destacó Márquez- han ocurrido con la responsabilidad por omisión de Mikel Moreno, por lo tanto su presencia en La Haya es un irrespeto a la justicia internacional, y aunque aún se le haya permitido su presencia para mostrar falsamente un país comprometido con la paz que en realidad no existe en Venezuela, la comunidad internacional debe reaccionar y actuar de manera coherente a los acuerdos asumidos por la mayoría de las naciones del Parlamento y la Unión Europea que se ha manifestado en contra del régimen totalitario de Nicolás Maduro y los funcionarios como Mikel Moreno, quien debe ser investigado como corresponsable de los crímenes de Estado y de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro.