Una jueza de Honduras dictó hoy prisión contra el exministro de Agricultura Jacobo Regalado, uno de los 29 imputados por un caso de presunta de corrupción, mientras que 26, entre los que figuran diputados del Parlamento, se defenderán en libertad, lo que ha sido rechazado por el Ministerio Público.
El caso, conocido como “Pandora”, fue denunciado en junio por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio Público (UFECIC), y esta semana creó mucha expectación luego de que el lunes se presentaran al poder judicial 29 de un total de 38 implicados-
El lunes, la jueza Lidia Álvarez dictó detención preventiva contra 26 imputados, sobreseimiento a dos y arresto domiciliario a una mujer por estar en período de lactancia materna, pero luego de la audiencia inicial que comenzó el miércoles, resolvió dictar prisión preventiva solamente para el exministro de Agricultura.
Álvarez encontró indicios de que el exministro de Agricultura habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos.
La jueza dictó además sobreseimiento definitivo a dos de los imputados, mientras que a los 26 restantes medidas cautelares distintas a la prisión.
El caso, que ha venido siendo apoyado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), fue denunciado por el desvío de un poco más de 282 millones de lempiras (unos 11,7 millones de dólares) que fueron utilizados en la campaña de las elecciones generales de 2013.
Ese año, el presidente de Honduras era Porfirio Lobo, quien sobre el caso “Pandora” el viernes indicó a una radio local que las instituciones del Estado “hacen solicitudes a Finanzas y todas siguen un procedimiento que está establecido en la ley”.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reaccionó ante la decisión de la jueza Lidia Álvarez, señalando en la red social Twitter que “La caja de Pandora fue un cuento mal contado” y que “eso es lo que surge, cuando no se tiene conciencia del carácter de la justicia”.
Entre los diputados imputados figuran el expresidente del Parlamento Rodolfo Irías Navas, del gobernante Partido Nacional, y el excandidato presidencial Elvin Santos, del Partido Liberal, entre otros de las 26 personas a las que se les dictó medidas cautelares distintas a la prisión.
Los 26 imputados deberán comparecer a nueva audiencia en fecha aún no fijada, dijo a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva.
Añadió que las medidas cautelares dictadas consisten en que no pueden salir del país, que deben comparecer a un juzgado a firmar los miércoles un libro de control y que no deben tener comunicación con los demás imputados.
También se alertó al Instituto Nacional de Migración (INM) para que cumplan la normativa de no salir del país, señaló Silva.
Sobre la decisión de la jueza Lidia Álvarez, la UFECIC indicó en mensajes en la red social Twitter que aunque respetan la decisión, no la comparten.
“No obstante, que respetamos su decisión, no la compartimos, haremos uso de los recursos correspondientes”, subraya uno de los mensajes de la UFECIC.
Señaló además que “se resalta de la resolución, que la juez ha dado por acreditados los hechos, consistentes en el desvío de más de 282 millones de lempiras del Estado, de los cuales fueron beneficiarios personas naturales, jurídicas y partidos políticos”.
“Por tanto: su decisión, no fue porque UFECIC no haya acreditado los hechos, sino porque según su criterio, la ley de Lavado de Activos del 2002, no considera como precedente los delitos en perjuicio de la Administración Pública”, indicó la unidad especial del Ministerio Público.
Varios abogados de los imputados también coincidieron en que respetan la decisión de la jueza, pero indicaron que apelarán para que se dicte un sobreseimiento definitivo a favor de sus defendidos.
Raúl Suazo, defensor del excandidato presidencial y diputado Elvin Santos y otro de los imputados, dijo que interpondrán “recurso de apelación en el tiempo y forma correspondiente” porque están seguros de haber acreditado en las instancias respectivas que ninguno de sus defendidos ha recibido dinero.
EFE